Brasil hará que OTT paguen contraprestaciones

Brasil hará que OTT paguen contraprestaciones
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El Consejo Superior de Cine de Brasil, uno de los organismos reguladores del audiovisual adscrito al Ministerio de Cultura, aprobó esta semana por unanimidad un modelo de impuesto para los proveedores de video bajo demanda que cobijaría a compañías como Netflix y Amazon.

La propuesta que por ahora es solo un acto administrativo provisional y pasará a convertirse en proyecto de Ley en el Congreso, prevé un modelo de tributación para que los proveedores de servicios de video bajo demanda (VoD) paguen un aporte que ya rige sobre los demás operadores de TV abierta o por suscripción, el CONDECINE (Contribución para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica Nacional).

Este impuesto va al Fondo Sectorial del Audiovisual del Ministerio de Cultura, encargado de apoyar el desarrollo de proyectos nacionales públicos de cine, televisión y multimedia, con la posibilidad de que los beneficiarios obtengan retornos económicos de sus proyectos y contribuyan así al desarrollo social de la mano del audiovisual. Este es un fondo análogo a FONTV de Colombia o al FCC de Argentina, pero conjuga el apoyo tanto a cine como a televisión nacional, aspectos que en otros países está disgregado en varios fondos.

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A pesar de esta ventaja de unificación, el FSA no es completamente convergente, sino que se mantiene dedicado al audiovisual, gracias al esfuerzo de los reguladores brasileros para avanzar hacia una regulación convergente que beneficie a todos los actores del sistema, pero sin diluir las fronteras naturales entre los beneficiarios de dichas contribuciones.

¿Cómo funciona este nuevo modelo de contraprestación?

El tributo solo regirá para empresas que facturen más de 1,3 millones de dólares al año, con lo que se busca proteger la innovación y el emprendimiento de los pequeños y medianos Telcos. También están exentas las grandes empresas que presten servicios de televisión, telefonía o internet y que tengan plataformas para consumo VOD con los contenidos de su catálogo, tales como Claro Video o Movistar Plus, pues estas ya contribuyen a estos fondos con un pago sobre la prestación de servicios de telecomunicaciones implementado en los últimos dos años. Esto es clave en la disminución de las asimetrías que tanto perjudican al sector en el entorno convergente.

Lo más interesante de este gravamen es su carácter híbrido: los operadores de VOD pueden elegir entre pagar una compensación por cada ítem del catálogo o sobre la tarifa plana que paga el usuario. Por ahora no se han determinado los valores.

Esta contraprestación es diferente del impuesto a los servicios que originalmente surgió en el estado de Sao Paulo y que desde 2017 preside en todo el territorio federal de Brasil sobre las plataformas OTT como Uber, Spotify y Netflix. Este país fue uno de los primeros en el mundo en estudiar y aprobar el cobro de impuestos a los servicios OTT pagos, modelo que fue retomado por Argentina y Colombia tal y como lo analizamos en un artículo anterior.

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Con este nuevo paso Brasil ha optado por una regulación que incluye a nuevos agentes del mercado, pero con signos de madurez que dan buen ejemplo a la región:

Primero, no se trata de aplicar las mismas normas que rigen  a la TV por suscripción y a la privada, sino generar un modelo que disminuya asimetrías sin perder de vista las especificidades de cada plataforma.

Segundo, las contribuciones de las VOD están concentradas en fomentar la industria audiovisual, no se mezclan con los fondos para la mejora de la infraestructura TIC y el acceso. En un país en el que las telecomunicaciones se mantienen vigorosas por el avance mismo del mercado, no tendría sentido invertir todas las contraprestaciones de los operadores en infraestructura o redes, que ya se fortalecen por la misma necesidad operacional.

Tercero, las OTT gravadas pueden acceder a disminuciones en la tasa si incluyen en sus catálogos más producciones nacionales, lo que se presenta como una alternativa de mercado a las cuotas de pantalla que se ensayan en otros países y en Europa.

El audiovisual nacional, por el contrario, en tiempos de un mercantilismo salvaje puede ser una de las primeras víctimas de intentos de desregular el mercado sin tener en cuenta la enorme importancia de la industria televisiva y del cine para la identidad, la democracia y la memoria de nuestros países. Mantener fondos separados, incluso dentro de una tributación convergente, garantiza la fortaleza de estos sectores creativos.

Este nuevo avance en la agenda regulatoria de Brasil es muy importante y significativo para la región, pues queda demostrado una vez más, que es posible tropicalizar los modelos regulatorios de manera autónoma, sin que se impongan los intereses de un sector sobre los demás, protegiendo las industrias culturales nacionales y buscando un equilibrio que nivele el terreno, sin perjudicar a ninguno de los eslabones de la cadena de valor.

Posiblemente las arriesgadas apuestas de Brasil sean imperfectas y requieran mejoras con el paso del tiempo, pero demuestra que la región no tiene porque quedarse rezagada frente a la actualización regulatoria en estos tiempos, y que además es posible encontrar modelos adecuados a las necesidades y realidades de nuestros países.

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En el caso particular de Colombia, en donde actualmente el congreso continúa discutiendo un modelo de regulación convergente y la financiación de la Televisión Pública, debe incluirse en la agenda legislativa la normalización de las plataformas OTT, pues ninguna de las actuales ponencias lo prevé, lo que anticipa que todo el esfuerzo regulatorio será insuficiente. En ese sentido, la discusión debe ampliarse y permitir que modelos como el de Brasil sean revisados, discutidos y eventualmente tenidos en cuenta.

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Los gobiernos y parlamentos de América Latina deberían voltear la mirada hacia las políticas regulatorias que Brasil está implementando y retomar su ejemplo, enfrentando temas tan neurálgicos como la reglamentación de las plataformas OTT, fijando aportes a los diversos fondos, estableciendo cuotas de pantallas, creando regímenes integrales de protección de los usuarios, entre muchos otros aspectos normativos que permitan normalizar el mercado sin restringir la entrada de industrias culturales extranjeras en un mundo globalizado, pero protegiendo las industrias nacionales tanto privadas como públicas y no menos importante, creando las condiciones suficientes para que los operadores de Telecomunicaciones mantengan buenos márgenes de utilidad, que los motiven a seguir invirtiendo en la región.

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Por:

Gabriel E. Levy B.

Sergio A. Urquijo M.

 

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