¿Es realmente necesario tener un regulador único convergente?

¿Es realmente necesario tener un regulador único convergente?
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La impetuosa llegada de la convergencia digital a todos los sectores de las comunicaciones ha generado tantas incertidumbres como propuestas para solventarlas. Entre las más extendidas está lo que muchas voces, casi todas desde las grandes empresas de telecomunicaciones, promueven como “la necesidad imperiosa de un regulador convergente”.

Se pone a menudo como ejemplo la implementación de reguladores convergentes como OFCOM, el Reino Unido, ACMA en Australia e incluso la FCC en Estados Unidos, a pesar de que en el último caso no hubo una adaptación a las nuevas necesidad del mercado y la sociedad, sino que desde su fundación en 1934 la entidad agrupa toda la regulación de comunicaciones estadounidense.

En América Latina la primera propuesta de este tipo es el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México, saludado como un gran avance en la independencia regulatoria frente al Estado, pero cuyos resultados en el campo mismo de la regulación aún están en periodo de prueba y un reciente informe de la analista mexicana, Angelina Mejía Guerrero, realizado para la revista Forbes, evidencio que 20 años después de la apertura del mercado de las telecomunicaciones, aún no hay en el sector una verdadera competencia y el terreno de juego sigue disparejo, poniendo en duda el cumplimiento de las metas fijadas por el IFT, para la diversificación del sector y el fortalecimiento de la libre competencia.

Como se mencionó, el aparente imperativo ha sido promocionado por las empresas que ya son convergentes y que gestionan varios aspectos de las comunicaciones, principalmente por un justo reclamo de simplificar los muchos trámites que deben hacer ante varias entidades, lo que puede significarles demorar burocráticas, reprocesos y confusión.

Pero sin desatender estas peticiones, hay que mirar el tema desde la perspectiva adecuada y, sobre todo, desde el contexto latinoamericano, tan diferente al angloparlante en el cual se suelen basar las recomendaciones muy citadas, incluyendo la de la OCDE.

En primer lugar, debe recordarse que una regulación convergente, tan necesaria ahora en aras de las nuevas formas de comunicación, no necesariamente exige un solo organismo regulador. Como se ha afirmado en varios países, es más importante que haya una adecuada articulación y procesos fluidos entre entidades que simplemente tratar de solucionar las necesidades del sector, generando organismos gigantescos cuyo control es mucho más complejo, especialmente en un contexto como el nuestro, en el cual los altísimos niveles de concentración de medios en manos de pocos dueños efectivos, representantes de los grandes conglomerados de poder económico y político.

Simplificarle la vida a las grandes compañías es legítimo, pero nunca puede hacerse a costa de las pretensiones de las pequeñas compañías y, sobre todo, de la sociedad. Y en esto, es importante que haya instancias regulatorias preparadas y especializadas en cada aspecto de la comunicación

La diferencia entre regular contenidos y regular redes se hace clara las muchas veces que los intereses corporativos no coinciden con el interés público de los medios. Aquí, la diversidad de enfoques y procedimientos es una ventaja, pues obliga al diálogo y el debate enriquecedor entre quienes prestan el servicio comercial y quienes se concentran en un servicio cultural y social de los medios.

Unificar las redes con los contenidos puede desconocer las dinámicas de los medios como estructuras sociales y no como simples elementos de mercado y confort. El investigador Guillermo Mastrini alerta sobre estas diferencias al afirmar que “el interés público que estructuró la regulación del audiovisual, la protección de la diversidad y el pluralismo en los contenidos es bien diferente del de las telecomunicaciones, que promovió el acceso universal a sus servicios”.

Otro importante analista de la región, Martín Becerra, ilustra la divergencia desde “la existencia de modelos económicos-productivos, de tradiciones de usos y consumos y también de principios regulatorios divergentes entre industrias culturales y telecomunicaciones, que conspira contra la perspectiva integrada de un megasector que hoy funciona tecnológicamente con los mismos soportes y que distribuye indistintamente contenidos culturales, informaciones, comunicaciones personales y datos”.

En los países latinoamericanos debe ser sumamente tenido en cuenta el efecto de cada tipo de regulación sobre la diversidad de medios y la función social de estos. La defensa y promoción de la diversidad y el pluralismo deben estar por encima de cualquier consideración de mercado, además de un equilibrio de mercado que proteja a los pequeños y medianos operadores, que finalmente son garantía de competencia y democracia, por el claro hecho de que son estos factores sociales los que a la final determinan la estabilidad económica y las posibilidades de riqueza y bienestar en la región.

Por otro lado, hay poca información sobre las diferencias reales entre el comportamiento del ecosistema mediático antes de después de la instauración de reguladores convergentes. Estos análisis deben hacerse en países como Australia y México, con las comparaciones de países que mantienen diferenciadas las entidades regulatorias, como Francia y España, y donde funcionan bien, incluso dentro de un marco convergente como es la AVMSD.

La posible implementación de un regulador convergente no es necesaria por ahora, es más adecuado fortalecer los actuales reguladores, buscando mayor independencia, autonomía y sobre todo eficiencia y seguramente con el paso de los años, solo será realmente benéfica para los países latinoamericanos la figura de un operador único convergente, si se mantiene la claridad sobre la diferencia entre los aspectos de mercado e industria y las implicaciones sociales y culturales de los medios, garantizando la permanencia de pequeños, medianos y grandes actores en el mercado.

En todo caso lo importante es garantizar que ningún caso, los organismos reguladores sean entidades de bolsillo al servicio del poder ejecutivo y mucho menos operen como la caja menor de los gobiernos, para financiar acciones populistas.

El verdadero reto que debe enfrentar por ahora la región, es desembarazarse de la paquidérmica burocracia estatal, que finalmente es el verdadero riesgo para la vitalidad del mercado.

 

Gabriel E. Levy B.
Sergio Andrés Urquijo Morales

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