Una nueva medida acaba de encender un debate global: China prohíbe que cualquier influenciador o creador de contenido publique sobre salud, derecho, educación o finanzas sin una acreditación profesional válida.
Desde octubre de 2025, plataformas como Douyin, Weibo y Bilibili están obligadas a verificar títulos universitarios y licencias antes de que alguien opine públicamente sobre estos temas.
La apuesta China por el filtrado de la “postverdad”
Por: Gabriel E. Levy B.
Durante las últimas dos décadas, las redes sociales transformaron al ciudadano común en productor de contenidos. El modelo tradicional de autoridad sustentado en títulos, jerarquías académicas y experiencia profesional viene siendo sustituido por otro: el de la influencia, la viralidad y la empatía instantánea.
Para las nuevas generaciones hiperconectadas, los consejos médicos dejaron de venir de médicos en bata blanca para aterrizar en bocas de adolescentes con filtros de belleza.
Las finanzas personales pasaron del despacho de los contadores a inversionistas empíricos de las criptodivisas.
China, país históricamente centralizado en su gestión de la información, no fue ajena a este fenómeno.
Sin embargo, su modelo de gobernanza, fuertemente regulador, enfrentó una creciente preocupación: el aumento de contenidos inexactos, peligrosos o fraudulentos disfrazados de consejos útiles.
En este escenario, se gestó una ley que obliga a los influenciadores a demostrar su formación académica si desean hablar públicamente sobre temas considerados delicados o de interés público.
La intención declarada es proteger a la población frente a la desinformación, especialmente en ámbitos donde una mala recomendación puede tener consecuencias irreversibles.
La decisión del gobierno chino no surgió de la nada.
Ya en 2020, se implementaron restricciones para transmisiones en vivo sobre medicina o derecho, aunque sin el nivel actual de exigencia documental.
Lo novedoso, ahora, es el grado de fiscalización que las plataformas deberán aplicar.
Si un influenciador sin título da consejos sobre ansiedad o educación infantil, puede enfrentar multas, suspensión de su cuenta o su eliminación definitiva.
Y en una sociedad donde las normas digitales están lejos de ser simbólicas, la medida comienza a tener efectos inmediatos.
“Toda opinión no es conocimiento: el saber exige responsabilidad”
El contexto de esta ley no puede desligarse del ecosistema digital global.
Desde la pandemia del COVID-19, millones de personas migraron hacia contenidos informativos no institucionales: tutoriales, hilos explicativos, análisis económicos en TikTok o diagnósticos exprés en Instagram.
Esta tendencia trajo consigo un fenómeno paradójico: mayor acceso a la información y, al mismo tiempo, mayor exposición a la desinformación.
Autores como Lee McIntyre, en su libro Post-Truth, explican cómo la verdad objetiva perdió relevancia frente a lo emocional y lo viral.
Según McIntyre, la negación de los hechos se volvió una estrategia política y cultural, más que un error individual.
En este entorno, los influenciadores ocuparon el vacío dejado por medios tradicionales y figuras profesionales, creando una nueva jerarquía de credibilidad que no se apoya en títulos, sino en seguidores.
China responde ahora con una política que intenta frenar esa tendencia.
Según las nuevas regulaciones, no basta con tener visibilidad para hablar sobre salud mental o inversiones; hace falta un respaldo verificable.
Esta medida plantea un dilema profundo: ¿proteger al público implica limitar la libertad de expresión? ¿O más bien, devolverle al conocimiento su lugar de origen?
La investigadora Zeynep Tufekci, en sus análisis sobre tecnología y poder, sostiene que las plataformas digitales moldean no solo el consumo de información, sino la forma en que interpretamos el mundo.
En ese sentido, no regular los contenidos es permitir que el algoritmo premie lo emotivo sobre lo cierto.
Desde esta mirada, la norma china, aunque polémica, busca intervenir en ese circuito perverso.
El escenario chino también refleja un modelo político que prioriza el orden sobre la espontaneidad.
Pero no se trata solo de censura, sino de un intento por Re jerarquizar el saber en una época donde cualquiera puede decir cualquier cosa con autoridad prestada.
Y donde un error no corregido puede volverse viral en minutos.
“El algoritmo no distingue entre consejos y consecuencias”
Varios casos recientes ilustran la gravedad del problema.
En 2023, una influenciadora de Shanghai con más de 2 millones de seguidores promovió un suplemento herbal como «cura natural» para la ansiedad.
A pesar de las advertencias médicas, su video circuló ampliamente y fue replicado por otros creadores.
Al menos tres personas reportaron efectos secundarios severos tras seguir su recomendación.
La cuenta de la influenciadora fue suspendida, pero el contenido ya había sido descargado, compartido y adaptado por otros.
En el ámbito financiero, un joven de Beijing con formación autodidacta difundió consejos para invertir en criptomonedas en plena crisis del yuan digital.
Usando un lenguaje seductor y herramientas visuales, alentó a miles de seguidores a comprar tokens sin respaldo legal.
Semanas después, varios denunciaron pérdidas de hasta el 80% de su inversión. Ninguna autoridad pudo responsabilizarlo formalmente: no cobraba por sus consejos, pero su influencia había actuado como un asesoramiento implícito.
También en educación se dieron casos alarmantes.
Una creadora popular en Bilibili difundió teorías pedagógicas sin sustento académico, promoviendo el rechazo a la educación formal y proponiendo “enseñanza basada en intuición”.
Sus videos fueron seguidos por padres jóvenes que comenzaron a desescolarizar a sus hijos. El Ministerio de Educación emitió una advertencia pública, pero el daño ya estaba hecho.
Estos episodios no son excepciones.
Forman parte de una tendencia global donde la desregulación informativa permite que cualquier persona, sin formación ni experiencia, se convierta en una fuente de orientación para miles.
La regulación china, en este contexto, no aparece como un capricho autoritario sino como una respuesta estructural a un problema real: la ausencia de límites entre la opinión y la autoridad.
Un modelo con luces y sombras
En América Latina y en buena parte del mundo, la proliferación de contenidos sin respaldo profesional en redes sociales plantea una disyuntiva urgente: ¿cómo equilibrar la libertad de expresión con la responsabilidad informativa?
Si bien el derecho a opinar debe resguardarse como un principio democrático irrenunciable, no puede confundirse con el derecho a desinformar.
La experiencia china, aunque extrema en su modelo de aplicación, ofrece una advertencia útil: cuando el discurso especializado circula sin filtros, el riesgo ya no es solo ideológico, sino sanitario, financiero y educativo.
América Latina, con sus altos niveles de desconfianza institucional y su intensa dependencia de las redes como fuente principal de información, enfrenta un terreno especialmente fértil para la desinformación disfrazada de consejo.
No se trata de censurar la voz ciudadana, sino de exigir que quienes influyen masivamente sobre temas sensibles lo hagan con un mínimo de preparación demostrable.
¿Así como no se permite ejercer medicina sin licencia, tampoco debería tolerarse que se diagnostique ansiedad en un TikTok o se recomienden inversiones sin formación?
La libertad de expresión no desaparece cuando se regula, sino cuando pierde sentido frente a una marea de afirmaciones que no responden a ninguna evidencia ni asumen responsabilidad por sus consecuencias.
La industria de la desinformación
La desinformación dejó de ser un error aislado o un descuido editorial para convertirse en una maquinaria bien aceitada con fines políticos y comerciales. Como bien lo reveló el periodista Mark Fisher en su investigación El oscuro negocio de la desinformación por encargo, publicada en el New York Times, hoy existe un verdadero ecosistema global que vende falsedades al mejor postor.
En su reporte, Fisher narra cómo en 2021 una supuesta agencia de relaciones públicas ofreció a influencers europeos importantes sumas de dinero para difundir mensajes en contra de la vacuna Pfizer-BioNTech, utilizando documentos meticulosamente redactados.
Aunque algunos rechazaron la propuesta y la denunciaron públicamente, otros en países como Brasil e India reprodujeron los mensajes con precisión quirúrgica.
Esta práctica, lejos de ser marginal, responde a lo que el propio Fisher describe como “una industria hermética cuya escala está en auge”: empresas privadas que antes solo operaban en el marketing tradicional ahora incursionan en el terreno de la manipulación geopolítica, utilizando redes sociales para sembrar discordia, interferir en procesos electorales y promover teorías conspirativas.
El atractivo para los clientes es evidente: estas firmas ofrecen influencia sin dejar huella. Graham Brookie, del Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council, confirmó que varios gobiernos ya contratan estos servicios de manera sistemática.
En países como India, Egipto, Bolivia o Venezuela, la desinformación no proviene solo de sectores radicales, sino de las mismas estructuras gubernamentales. Según un estudio de la Universidad de Oxford citado por Fisher, en 2020 al menos 65 empresas operaron campañas de manipulación en 48 países.
En Bolivia, por ejemplo, se desmanteló una red de desinformación ligada a grupos pro-gobierno, mientras que investigadores de Stanford vincularon operaciones similares en Venezuela y México a la firma estadounidense CLS Strategies.
Lo más inquietante es que esta estrategia no se limita a las campañas electorales: muchos líderes populistas institucionalizan estas prácticas una vez llegan al poder.
El caso de la India es paradigmático, donde cuentas oficiales del gobierno han difundido mensajes desde supuestos medios de verificación que en realidad pertenecen a una firma privada dedicada a fabricar noticias favorables al primer ministro Narendra Modi.
Esta tendencia revela un patrón preocupante: la desinformación no solo busca influir en el presente político, sino moldear la realidad misma, convirtiéndose en una nueva forma de gobernar.
En este escenario, el caso de Cambridge Analytica no fue una excepción, sino el primer capítulo de una era en la que las libertades civiles y la verdad objetiva corren el riesgo de ser sacrificadas en nombre de la conveniencia política y el control narrativo.
En conclusión
China se convierte en el primer país que exige acreditación profesional para hablar públicamente sobre temas sensibles en redes sociales.
La desinformación ya no es un accidente del ecosistema digital, sino un modelo de negocio estructurado, transnacional y cada vez más sofisticado.
Desde operaciones encubiertas que utilizan influencers como voceros camuflados, hasta estrategias oficiales de gobiernos que institucionalizan la mentira como forma de gestión pública, el fenómeno creció en escala y en legitimidad aparente. En este nuevo orden, la manipulación informativa se vende como servicio y se consume como contenido.
Frente a ello, regular no significa reprimir la libertad de expresión, sino protegerla de su degradación. Países como China, aunque con métodos discutibles, ya marcan una tendencia global: exigir acreditación profesional no es censura, sino una forma de devolver al conocimiento su peso frente al espectáculo de la opinión sin sustento.
América Latina debería tomar nota.
En una región donde la información circula sin filtros y la institucionalidad es frágil, la industria de la desinformación representa un riesgo real para la democracia, la salud pública y la cohesión social. Ignorarla, es entregarse a la posverdad como forma de gobierno.
Referencias y Citas
Brookie, G. (2025, octubre 14). Declaraciones citadas en Fisher, M. El oscuro negocio de la desinformación por encargo. The New York Times. Consejo Atlántico, Laboratorio de Investigación Forense Digital.
Fisher, M. (2025, octubre 14). El oscuro negocio de la desinformación por encargo. The New York Times. Recuperado de https://www.nytimes.com/2025/10/14/desinformacion-por-encargo.html
McIntyre, L. (2018). Post-Truth. Cambridge, MA: MIT Press.
Tufekci, Z. (2017). Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest. New Haven, CT: Yale University Press.
University of Oxford. (2020). The Global Disinformation Order: 2020 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation. Oxford Internet Institute.
Stanford Internet Observatory. (2023). Investigation on CLS Strategies and Coordinated Inauthentic Behavior in Latin America. Stanford University.
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