Dos meses después de haber rechazado el proyecto de Ley de Copyright debido a las amenazas que su articulado implica para la libertad de expresión, el Parlamento Europeo dio una primera aprobación a la polémica Ley, que podría restringir la subida a Internet de elementos como memes, parodias y contenidos de terceros.
La Ley deberá ir a segunda votación en enero de 2019, tras una conciliación la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión. Este tiempo deberá ser aprovechado por las organizaciones de defensa de Internet libre y la libertad de expresión para concientizar al parlamento de lo que consideran “el peor escenario posible”.
Si bien la Ley en general actualiza la protección a la propiedad intelectual a un marco convergente, como se requería hace años, el debate se centra en los artículos 11 y 13.
¿Por qué es tan polémica esta ley?
El artículo 11 de la Ley, aprobado con 393 votos a favor y 279 en contra, indica que para que un agregador de contenidos como Google News, o el portal Menéame, de España, pueda enlazar un contenido externo, debe pagar un impuesto al generador del contenido.
El artículo 13, el más delicado, aprobado con 366 votos a favor y 297 en contra, obliga a las grandes plataformas de video web (YouTube, Dailymotion) a establecer filtros para detectar contenidos sin licencia y sacarlos de circulación. Esto implicaría un trabajo enorme para estas empresas, pues dichos filtros deberán evaluar millones de videos por segundo, lo que hace prácticamente inviable una solución tecnológica que pueda procesar con tanta información, simultáneamente y entre millones de usuarios simultáneos.
Pero no solo es un problema tecnológico, pues la amenaza más grande de este artículo es para la libertad de expresión, pues como han señalado múltiples voces, los algoritmos actuales han probado ser ineficientes para diferenciar entre una obra original y una obra derivada, como parodias, memes, reinterpretaciones y otras versiones que en varias legislaciones nacionales son consideradas como obras en derecho propio.
Además resulta una inmensa contradicción que mientras las grandes corporaciones transnacionales exigen una menor intervención del estado en materia regulatoria y promueven una desregularización del sector de las telecomunicaciones, con el argumento de que la regulación “coarta la innovación y el libre mercado”, estas mismas empresas, cuando se trata de proteger la propiedad intelectual y los derechos de autor, recurren a la estrategia que combaten cuando no les conviene: promover una mayor regulación del sector, creando normas intervencionistas, represivas e invasivas, que distorsionan el mercado y la libre competencia y son contrarias al espíritu neoliberal que ellos mismos promueven.
Por estos motivos, la Electronic Frontier Fundation (EFF), organización de defensa de los derechos de los ciudadanos en Internet, afirmó en comunicado que este es “el peor resultado posible” en la votación del Parlamento Europeo: “Las plataformas no tendrán otra opción que escanear y filtrar cualquier contenido que los consumidores quieran subir a la red. La experiencia demuestra que esto acabará en mucho contenido siendo bloqueado de forma injustificada”.
La Ley enfatiza en que solo las grandes compañías tendrán que implementar el filtro, pero esto no deja de preocupar a quienes defienden la apertura y versatilidad de la red como requisito para la innovación y el crecimiento empresarial de Internet.
Desde un aspecto regulatorio, la característica más polémica de la Ley es que establece un control previo mediante dichos filtros, lo que para muchos tiene un nombre simple y temido: censura, la forma más agresiva y temible de intervención, que un estado pueda ejercer.
Una gran lista de expertos de Internet, que incluye a pioneros como Vinton Cerf y Tim Berners-Lee, enviaron un comunicado donde se manifiesta abiertamente en contra de la Ley, aduciendo que el artículo 13 deshumaniza la red, deja la libertad en manos de máquinas y transforma Internet “de una plataforma abierta para compartir e innovar a una herramienta para la vigilancia automatizada y el control de sus usuarios”.
La empresa estadounidense Mozilla también se manifestó al alertar que el artículo perjudicaría no solo a las grandes empresas que deberán constituir los costosos filtros, sino también a los pequeños creadores de contenidos que no tienen como establecer convenios con las plataformas globales y cuyos contenidos protegidos simplemente no circularán, perderán visibilidad y no podrán ser monetizados.
Así, la Ley protegerá solo a las productoras multimillonarias de grandes contenidos, mientras las pequeñas correrán el riesgo de perderse en la invisibilidad hasta desaparecer, al tiempo que ponen en jaque las grandes Startups de Internet, como Google, que deberán implementar colosales sistemas de filtrado de información, cuyo costo podría resultar tan absurdo, que incluso estas compañías podrían llegar a tomar la decisión de retirar algunos de sus servicios del continente europeo.
Partidos como Podemos, de España, o el Partido Pirata, de Alemania, se manifestaron fuertemente en contra de los artículos, pues las limitaciones en algoritmos pueden ocultar de las grandes plataformas productos esenciales para la manifestación, la protesta y la presencia diversa en la red, como las parodias, los mashups y los ‘memes’.
Pero la mayor crítica al Parlamento es que haya aprobado, sin un verdadero piso técnico y guiado más por el lobby de las grandes productoras de contenidos (principalmente empresas de cine, televisión y discográficas) normas que ya han fracasado en el pasado.
El artículo 11, que exige el pago de un impuesto para poder usar el título original de un contenido externo enlazado en una página comercial, se asemeja a una norma de 2014 intentada en España, conocida como Canon AEDE por ser promovida por la Asociación Española de Editores, una de las más interesadas en la protección de los derechos de autor.
Al implementar la norma, Google News España cerró y las empresas de contenidos reportaron haber sido fuertemente perjudicadas por la reducción en la circulación de sus notas, con lo que la idea de protegerlas viró en contra de ellas mismas. Por eso, muchos consideran que la presente Ley revive una medida fracasada y negativa para los mismos productores de contenidos.
En el caso de los proveedores de internet, ya sean grandes Telcos o ISP, si bien la Ley no los perjudica de forma directa, es claro que cualquier afectación en el equilibrio autónomo de la Red y cualquier subsecuente ruptura de la neutralidad podría terminar afectando en el mediano y largo plazo su modelo de negocio.
Por ahora, el texto deberá ser conciliado con la Comisión Europea en donde estos dos artículos seguramente estarán de nuevo en el centro de la polémica. Además, incluso en caso de que sea aprobada, la norma deberá ser adaptada a la legislación de cada uno de los 28 países europeos, muchos de los cuales, es posible que prefieran mantener la seguridad de la libertad de expresión y creación, por lo que podría convertirse finalmente si es aprobada, en una Ley de papel, ineficaz y sin dientes.
Seguramente la decisión más sensata que podría tomar el parlamento europeo es suprimir de forma definitiva el artículo 11 y 13 de dicha Ley, permitiendo la actualización del marco regulatorio europeo en materia de derechos de autor sin poner en claro riesgo la libertad de expresión y causar distorsiones en el mercado.
por:
Gabriel E. Levy
Sergio Urquijo
