Mientras países del denominado primer mundo han dado importantes y necesarios pasos en el terreno de la regulación de plataformas OTT, en América Latina pareciera ser un tema tabú, en donde existen muy pocos avances, en cuanto el mercado de las comunicaciones y telecomunicaciones sufre un desequilibrio en el terreno de juego sin precedentes, que incluso pone en riesgo la sostenibilidad de muchas compañías legalmente constituidas en toda la región, incluyendo los medios de comunicación que son baluartes de las democracias.
¿Qué le Falta a Latinoamérica para regular las plataformas de Internet?
Por: Gabriel E. Levy B.
El término OTT, es una sigla proveniente del anglicismo: Over The Top, que hace referencia a un servicio de transmisión de contenidos a través de Internet, sin el uso de redes de distribución propias, y que opera de forma transparente a través de proveedores de Internet.
Los servicios OTT comprenden una amplia variedad de soluciones de comunicación, tales como la difusión audiovisual (Televisión por Internet, radio por Internet, vídeo a la carta o música), pero también comunicaciones (Llamadas de voz, Correos electrónicos y mensajería instantánea) y otros servicios de computación en la nube (Aplicaciones web y Almacenamiento, entre muchos otros)[1].
En estricto sentido, las plataformas OTT son servicios parasitarios que utilizan la infraestructura de terceros sin pagar contraprestación por su uso, aun cuando dicha infraestructura es indispensable.
Un ejemplo de este tipo de servicio es Facebook, que llega a millones de usuarios alrededor del mundo a través de Internet, utilizando la infraestructura de miles de operadores de Telecomunicaciones que se encargan del tendido de red hasta los hogares de los usuarios y aunque recaudan por sus servicios millones de dólares en publicidad, no pagan a dichos operadores por el uso de infraestructura, situación que se repite con todas las demás plataformas OTT como Google, Netflix y Amazon, las cuales acaparan más del 60% del tráfico total promedio de un hogar[2].
El crecimiento de los servicios OTT en las últimas décadas ha transformado el ecosistema de las comunicaciones alrededor del mundo, previendo miles de servicios y soluciones que han mejorado la calidad de vida de los usuarios y potenciado el acceso a la sociedad de la información, el conocimiento y el entretenimiento.
Si bien las plataformas OTT se han vuelto recursos de gran valor en la vida cotidiana, a medida que han crecido y se han fortalecido, su alcance en algunos temas sensibles como la privacidad, la protección de las industrias nacionales, la defensa de los derechos de los consumidores, la protección de los menores de edad, abuso de posiciones dominantes, concentración del mercado publicitario, el pago de impuestos y contraprestaciones entre otros, se están saliendo de control y comienzan a generar afectaciones en las sociedades contemporáneas, urgiendo la intervención del estado para equilibrar el terreno y garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos.
Mientras la Unión Europea[3], Reino Unido[4], Estados Unidos[5], Canadá[6], Australia[7] e incluso algunos países de Asia[8] han tomado importantes decisiones regulatorias, en América Latina el tema aún no despega y con la excepción de algunas medidas adoptadas durante el gobierno de Lula Da silva en Brasil, y algunas iniciativas aisladas, en Argentina, Colombia y Chile, la región aún tiene estos temas pendientes de ser legislados, desencadenándose una asimetría de mercados, que pone en riesgo la sustentabilidad y equilibrio de muchos agentes tradicionales.
Los factores del rezago Latinoamericano
No existe una sola causa que permita identificar el rezago regulatorio latinoamericano, pues se trata más bien de un desafortunado cúmulo de factores que han influido en este fenómeno.
Como primer elemento emerge la falta de conocimiento de los legisladores en temas digitales, que si bien es cierto que se trata de tecnologías muy recientes con avances vertiginosos, no es excusa suficiente para la omisión legislativa, toda vez que los reguladores y legisladores del primer mundo han demostrado que si el tema se interviene de forma responsable y con el suficiente conocimiento, es posible tomar las acciones a tiempo, algo que no ha ocurrido en Latinoamérica, en donde los temas no aparecen como prioritarios en las agendas de los legisladores y reguladores aún cuando se hace necesaria y urgente la intervención.
En segundo lugar, es posible identificar el fuerte y en algunos casos indebido lobby parlamentario y ejecutivo que hacen estas compañías[9], ya sea directamente o a través de sus agremiaciones, bloqueando anticipadamente cualquier intento de acción legislativa, incluso llegando a influir en el nombramiento de ministros que han sido contratistas o funcionarios de estas compañías, como ya ocurrió en Colombia[10]. Este fenómeno del Lobby también ocurre en el primer mundo, pero al ser países con instituciones más fuertes, el nivel de obstrucción es menor.
En tercer lugar está el Mito regulatorio de la Neutralidad de Red, un acuerdo tan antiguo como el Internet mismo, que busca garantizar la equidad en las conexiones a la red, buscando que todos los servicios gocen de los mismos beneficios y que no existan restricciones en la prestación, no obstante en la región existe el mito que por culpa de esta Neutralidad no es posible regular, lo cual es falso tal y como lo han demostrado las experiencias en los países del primer mundo antes mencionados, en donde se han tomado las decisiones legislativas necesarias sin afectar el principio de Neutralidad de Red, tratándose en realidad de todo lo contrario, es decir que una adecuada regulación termina protegiendo la Neutralidad de Red.
Regulación refleja indirecta
Un aspecto que es importante tener en cuenta cuando se trata de Internet, es que en muchas ocasiones cierto tipo de medidas regulatorias implementadas en otras latitudes, terminan impactando localmente en virtud del carácter global de la red, es decir, que ciertas medidas adoptadas por Europa o Estados Unidos han terminado impactando en América Latina, tal es el caso de la directiva Europea de Privacidad que exige a los sitios y plataformas Web una serie de requisitos que prácticamente todas las plataformas en la red han implementado. Otro ejemplo es la denominada Ley Coppa en los Estados Unidos, que busca proteger a los menores de edad y cuya implementación por parte de Youtube no solo ocurrió para contenidos de ese país, sino que la hicieron extensiva a todos los territorios en donde tienen presencia.
Este facto de regulación refleja, ha sido un paliativo importante para la carencia de acciones regulatoria en Latinoamérica, no obstante, muchos temas si requieren de una regulación específica en los contextos regionales y locales.
En Conclusión, América Latina debe con urgencia comenzar a incluir en sus agendas legislativas temas sensibles como la privacidad, la protección de las industrias nacionales, la defensa de los derechos de los consumidores, la protección de los menores de edad, abuso de posiciones dominantes, concentración del mercado publicitario, el pago de impuestos y contraprestaciones a fondos universales, reduciendo las asimetrías regulatorias respecto de países del primer mundo y aunque por reflejo algunos temas ya están regulados globalmente, es necesario que muchos otros aspectos prioritarios sean intervenidos en el contexto local, siendo el modelo Europeo un referente muy adecuado, tanto desde lo conceptual, académico y normativo, para que los legisladores latinoamericanos asuman su deber constitucional de legislar en los temas prioritarios de las agendas públicas.
