Este artículo está patrocinado por:
La industria de las telecomunicaciones en América Latina aporta el 8,2% del PIB regional, alrededor de 550.000 millones de dólares.
Mientras tres grandes corporaciones dominan la mayor parte del mercado, miles de pequeños y medianos prestadores afrontan obstáculos regulatorios, tributarios y de infraestructura que restringen su posibilidad de competir y crecer.
Esta contradicción adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que son justamente las PyMEs del sector, proveedores de internet (ISP), operadores comunitarios y cooperativas, quienes atienden a las comunidades rurales y periurbanas que los grandes actores descartan por baja rentabilidad.
¿Está en crisis el sector Telco en Latam?
Por: Gabriel E. Levy B.
De acuerdo con la GSMA, 225 millones de personas en la región no contaban con acceso a internet móvil a finales de 2023, y solo cuatro de cada diez hogares disponen de banda ancha fija, según la CAF.
Esta situación formula una cuestión clave para la política pública: ¿de qué manera puede la región reducir su brecha digital cuando las condiciones estructurales del mercado limitan la intervención de los actores que más podrían contribuir a ese propósito?
El segmento móvil latinoamericano generó ingresos por 71.000 millones de dólares en 2023, con una estimación de 84.000 millones para 2030, según GSMA Intelligence.
La región dispone de aproximadamente 485 millones de usuarios móviles únicos, una penetración del 72%, y 687 millones de tarjetas SIM activas. No obstante, estas cifras agregadas encubren una estructura altamente concentrada.
América Móvil (Claro/Telcel), con 323 millones de suscriptores inalámbricos a diciembre de 2024, tiene presencia en 16 países latinoamericanos y concentra cerca del 35% de los usuarios móviles regionales.
Telefónica (Movistar) informó 113 millones de accesos en Hispanoamérica al segundo trimestre de 2024, mientras que Millicom (Tigo) llegó a 46 millones de clientes móviles al primer trimestre de 2025.
El Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) estimado por The Competitive Intelligence Unit (The CIU) muestra niveles de concentración elevados: Honduras alcanza 5.530 puntos, Bolivia 5.160, Guatemala 5.110 y México 4.270, todos catalogados como “altamente concentrados”.
Incluso mercados relativamente más abiertos como Brasil (2.540) y Chile (2.510) sobrepasan los límites de concentración moderada.
En nueve países de la región, un único operador posee más del 50% del mercado de suscripciones: Telcel en México, Claro en Colombia y Ecuador, Tigo en Guatemala, Honduras y Paraguay, ICE en Costa Rica, Antel en Uruguay y Movistar en Nicaragua.
La dinámica se intensifica: en 2024 se contabilizaron 19 operaciones de fusiones y adquisiciones por más de 3.000 millones de dólares, y Telefónica inició un proceso de desinversión que incluye la venta de sus filiales en Argentina, Colombia, Perú y otros mercados, consolidando aún más a los actores que permanecen.
Obstáculos que asfixian a los pequeños operadores
Las PyMEs del sector teleco enfrentan un contexto adverso en diversos frentes.
La primera barrera es el costo del espectro radioeléctrico.
En México, los valores del espectro presentan un sobrecosto de hasta 186% frente al promedio internacional, según The CIU. México es además el único país de la región donde la cantidad de espectro asignado se redujo entre 2021 y 2023, debido a devoluciones de operadores como Telefónica y AT&T que consideraron insostenibles los costos.
A nivel regional, aunque el precio unitario del espectro descendió 64% en la última década, el espectro total adjudicado aumentó 51%, generando costos acumulados superiores para los operadores, según la GSMA.
La presión tributaria constituye una segunda barrera decisiva.
Los usuarios de conectividad móvil abonan en promedio un 6,5% en impuestos específicos al sector, adicionales a los tributos generales.
La carga impositiva total sobre el costo de conectividad llega al 51,4% en Argentina, 42,9% en República Dominicana y 41,5% en Brasil.
En 2023, los gravámenes específicos a la conectividad móvil sumaron cerca de 4.650 millones de dólares en la región.
La GSMA ha estimado que la contribución fiscal del sector (2,8% de la recaudación) duplica su aporte económico directo al PIB (1,3%), una desproporción que impacta con mayor severidad a los operadores más pequeños, que no cuentan con economías de escala para absorber esta carga.
En tercer lugar, los marcos regulatorios están concebidos mayoritariamente para grandes compañías.
El nivel de compartición de infraestructura empeora el panorama.
El promedio en América Latina es de apenas 1,27 operadores por sitio móvil, un indicador extremadamente bajo según el estudio de American Tower y SMC+ (2024), lo que obliga a cada operador a replicar inversiones en torres y equipamiento.
La brecha digital persiste donde más se requieren las PyMEs
La desigualdad en el acceso en la región sigue patrones evidentes.
Según la CEPAL, el 77% de los hogares urbanos dispone de internet, frente a solo el 38% en zonas rurales (datos 2022). La brecha socioeconómica es igualmente marcada: el 46,4% de los hogares del quintil más pobre tiene conexión, frente al 84,6% del quintil más rico, según PNUD/CEPAL. A nivel nacional, la disparidad es significativa: Chile supera el 90% de penetración con velocidades fijas de 279 Mbps (quinto puesto mundial según Ookla), mientras que Haití no alcanza el 50%.
La GSMA señala que 44 millones de personas (7% de la población regional) no cuentan con cobertura móvil, y otros 174 millones viven en áreas con cobertura, pero no utilizan internet por barreras de asequibilidad, competencias digitales o falta de contenidos pertinentes.
Ningún país latinoamericano cumple el umbral de asequibilidad del 2% del ingreso mensual para el 20% más vulnerable.
Es en estas áreas desatendidas donde las PyMEs cumplen un rol esencial.
Brasil representa el caso paradigmático: posee más de 20.000 ISP registrados, de los cuales alrededor de 9.500 son pequeños prestadores según Anatel.
Estos proveedores concentran más del 60% de las conexiones FTTH y más de la mitad de los accesos de banda ancha fija del país.
En Argentina, más de 1.500 PyMEs y cooperativas brindan servicios de telecomunicaciones, y la Cámara de Cooperativas (CATEL) lanzó el operador móvil virtual Imowi para ampliar la cobertura en localidades pequeñas.
5G, satélites LEO y fibra: oportunidades con riesgo de exclusión
Las proyecciones tecnológicas de la región son dinámicas pero ambiguas para las PyMEs. El despliegue de 5G avanza con 76 millones de conexiones a fines de 2024 y más de 30 operadores comerciales en 13 países, según GSMA y 5G Americas.
Se prevé que entre el 53% y el 55% de las conexiones serán 5G hacia 2030.
Sin embargo, las licitaciones de espectro 5G demandan inversiones inaccesibles para operadores pequeños: Argentina recaudó 875 millones de dólares y Colombia más de 370 millones en sus subastas de 2023.
La fibra óptica muestra un escenario más integrador.
La tecnología FTTH ya representa el 69% de las suscripciones de banda ancha fija en la región, y la aparición de redes neutrales mayoristas (como V.tal y FiBrasil en Brasil) posibilita que ISP pequeños accedan a infraestructura compartida sin realizar inversiones excesivas. La llegada de Starlink, con 264.883 suscripciones en Brasil y presencia en 28 países, constituye una amenaza competitiva directa para pequeños operadores rurales, aunque proyectos como Amazon Kuiper exploran alianzas con ISP locales.
México presenta señales regulatorias alentadoras: su nueva Ley de Telecomunicaciones de 2025 reconoce por primera vez la figura jurídica de pequeños operadores y contempla reducciones de hasta 50-60% en pagos por espectro a cambio de cobertura en zonas sin servicio.
Perú creó desde 2013 la figura del Operador de Infraestructura Móvil Rural (OIMR), y en mayo de 2025 se conformó la Alianza Latinoamericana de Telecomunicaciones (ALT+), que reúne asociaciones de operadores independientes de México, Argentina y Brasil para articular intereses comunes.
El rol de los pequeños ISP
En un continente donde solo cuatro de cada diez latinoamericanos rurales tienen opciones de conectividad, frente al 71% en zonas urbanas World Economic Forum, los proveedores de servicios de internet inalámbrico (WISP, por sus siglas en inglés) se han convertido en actores indispensables para reducir la brecha digital.
Estos pequeños operadores utilizan tecnología de radiofrecuencia, enlaces punto a punto y punto a multipunto, para llevar conectividad fija a comunidades donde el despliegue de fibra óptica o cobre resulta económicamente inviable.
En los esquemas tradicionales de aprovisionamiento de internet para zonas rurales, los números simplemente no cierran: el bajo poder adquisitivo de la población, las altas inversiones que demandan las redes convencionales y el lento retorno de la inversión hacen que los grandes operadores descarten estas áreas.
Como proveedores de servicio de internet inalámbrico ilimitado, fijo y domiciliario, son los grandes protagonistas de una real y palpable disminución de la brecha digital en las zonas rurales que los grandes operadores no atienden.
El modelo es especialmente poderoso por su escalabilidad y bajo costo de entrada. A diferencia de los proveedores tradicionales que dependen de costosos cableados de fibra óptica o cobre, estas empresas utilizan tecnología de radiofrecuencia para cerrar la brecha digital, permitiendo que comunidades rurales y zonas remotas disfruten de una conexión estable.
Starlink Mini La inversión en infraestructura se realiza de forma progresiva conforme crece la demanda, sin necesidad de cablear el 100% del territorio cubierto.
La irrupción de Starlink ha potenciado aún más este ecosistema.
Muchos emprendedores utilizan un kit de Starlink empresarial como la base de su red, recibiendo la señal satelital y redistribuyéndola localmente mediante antenas terrestres de largo alcance hacia decenas de hogares Starlink Mini, reduciendo así el costo por usuario.
Casos como el de Bolivia, donde comunidades como Atahuallpani reemplazaron una conexión 3G costosa e inestable por una red inalámbrica comunitaria punto a punto con mejor servicio y menor costo, ilustran el potencial transformador de este modelo.
Una de las grandes fortalezas de los WISP es que han comenzado a constituir asociaciones en la mayoría de los países de Latinoamérica, uniendo esfuerzos para identificar y documentar sus necesidades.
Organizaciones como WISPMX en México, CAPPI en Argentina y múltiples asociaciones en Colombia y Brasil articulan la voz de miles de emprendedores que, con antenas y torres modestas, están conectando a quienes el mercado formal dejó atrás. El futuro de la conectividad rural latinoamericana es, en gran medida, inalámbrico.
Conclusiones, La reducción de la brecha digital en América Latina depende de manera decisiva de la sostenibilidad de sus miles de pequeños operadores. La CAF calcula que alcanzar los niveles de digitalización de la OCDE requeriría 160.000 millones de dólares adicionales, un 60% más de lo proyectado.
Aunque los operadores prevén invertir unos 90.000 millones de dólares entre 2024 y 2030, esta cifra es insuficiente si no se acompaña de reformas que democraticen el acceso al mercado.
Tres acciones estructurales se perfilan como prioritarias: la disminución de impuestos sectoriales específicos, que, según la GSMA, haría accesible el servicio para 30 millones de personas adicionales y podría incrementar la recaudación fiscal en hasta 9.700 millones de dólares anuales, la implementación de regímenes regulatorios diferenciados para operadores pequeños como los adoptados en México y Perú, y el fortalecimiento de esquemas de compartición de infraestructura que permitan a las PyMEs competir sin replicar inversiones.
Sin estos cambios, la promesa del 5G y la fibra óptica favorecerá principalmente a quienes ya están conectados, profundizando la desigualdad que el sector debería contribuir a reducir.
