Hace aproximadamene un siglo, Ludwig Wittgenstein, filósofo, matemático y lingüista austríaco afirmó que “Ética y estética son lo mismo”. Una frase que puede ser polémica, pero que, después de leer este artículo, usted podría ver razonable.
Aunque no son exclusivos de América Latina, los postes han logrado convertirse en uno de los mayores dolores de cabeza en nuestra región. Sobrepoblados, monopolizados y sobrevalorados, cargan con el peso de la corrupción, el hacinamiento, la codicia, la falta de planeación y de sentido estético de nuestros gobernantes.
Son de madera, cemento, aluminio, acero, plástico y fibra de vidrio. Los más pequeños miden 6 metros y algunos alcanzan los 18; pocos se mantienen derechos, muchos tienen arqueada su estructura. Fueron creados para cargar con los cables que proveen el servicio eléctrico, telefónico y de telecomunicaciones, pero además de estos elementos soportan pasacalles, pendones, afiches, antenas, pararrayos, cajas, nidos de pájaros, ratoneras, al igual que una amplia variedad de aparatos: transformadores, amplificadores, convertidores, adaptadores, distribuidores, plantas, baterías y soportes, dando la impresión de que el criterio es: “todo aquello con lo que puedan cargar”.
Aunque surgieron como una solución para impulsar el crecimiento del sector eléctrico y de telecomunicaciones, con el paso de los años pasaron a convertirse en motor del subdesarrollo de nuestros pueblos.
¿Por qué es tan crítica la situación de los postes en América Latina?
En Argentina, en una provincia al oeste del país, dos importantes cableros en alianza con políticos, decidieron comprar la empresa de electricidad de la región. Luego firmaron con sus compañías un contrato de exclusividad por 30 años para explotar el uso de los postes y vendieron las acciones de dicha empresa eléctrica. Este no es un caso aislado. En muchas otras provincias del país austral existen cooperativas que nacieron con el objetivo de prestar a su comunidad de manera solidaria el servicio de distribución eléctrica, pero que con el paso de los años se convirtieron en monopolios no solo de este servicio, sino en general de todas las telecomunicaciones, impidiendo que otras empresas hagan uso de su infraestructura de postes y que, por consiguiente, no puedan entrar a estas provincias.
Un representante de la cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet, CAPPI, nos aseguró que la principal razón por la que la banda ancha no crece como debería en Argentina y los precios no se ajustan a la realidad del mercado, es la monopolización en el uso de los postes, la cual considera que es la principal barrera que deben enfrentar los proveedores de servicios.
Una situación similar ocurre en Bolivia con las cooperativas que proveen los servicios de electricidad y telecomunicaciones.
En Paraguay, la estatal ANDE (Administradora Nacional de Electricidad), posee el monopolio de distribución eléctrica y de la posteria a nivel nacional, lo cual, gracias a su alto nivel de politización interna, la ha convertido en una de las más ineficientes compañías del sector eléctrico en la región, algo paradójico para en un país en cuyo territorio se encuentran dos de las hidroeléctricas más representativas del continente. Si bien en teoría la empresa ANDE está en la obligación de rentar su infraestructura con terceros, una consultora local, experta en trámites de licencias y permisos, nos aseguró que, para obtener el permiso de esta entidad, “es necesario o tener amigos políticos dentro de la misma o sumar al presupuesto el valor de las dádivas que se hace necesario pagar, para recibir los permisos”.
En Colombia, la estatal EPM (Empresas Públicas de Medellín) ha sido galardonada y reconocida como una de las más eficientes, innovadoras y prósperas de la región, algo que respaldan sus inmejorables indicadores financieros y de servicio. Sin embargo, la tradición monopólica ha permeado su estilo gerencial, incluyendo las telecomunicaciones. Esta unidad de negocios históricamente se centró en la telefonía, pero en la década de los 90 se diversificó con los servicios de Internet y televisión, negocio en el que, dos décadas después, fracasaron. Finalmente, EPM decidió vender la división de Telecomunicaciones (UNE) a la a la holandesa Millicom, dejando en su camino una interminable lista de acciones judiciales, bloqueos, desalojos y denuncias de sus competidores. Un abogado que representa legalmente a varias asociaciones comunitarias en Medellín aseguró que “EPM quiso acabar toda forma de competencia, abusando de su posición dominante en la gestión y administración de los postes, que finalmente son propiedad de todos los ciudadanos”.
A medida que exploramos el sector en Colombia, descubrimos decenas de variopintas historias que nos fueron narradas, desde La Guajira hasta Nariño, todas ellas, acerca de las barreras de acceso que existen en este país para acceder al uso de la postería. Aunque la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ha hecho importantes esfuerzos para hacer más transparente el mercado, y existe una clara reglamentación al respecto, en la realidad los casos se repiten una y otra vez: desde la obligación de comprarle otro tipo de servicios al dueño de los postes para que autorice su uso (interconexión, energía, capacidad), hasta poblaciones en donde está tarifado el valor de las “dádivas que deben ser pagadas a los funcionarios”.
En Perú, si bien desde 2013 existe una ley que regula el acceso al uso compartido de infraestructura para telecomunicaciones, toda empresa que desee acceder a este servicio debe cumplir con un interminable cúmulo de requisitos y trámites, los cuales “se pueden flexibilizar, si se conoce el funcionario adecuado, en el lugar correcto”, tal y como lo manifestó un operador de cable consultado.
En Guatemala, Honduras y México la historia pareciera ser la misma: el acceso a los postes es un foco de corrupción; los permisos para su uso van condicionados a favores políticos, dádivas para los funcionarios, papeleos interminables y requisitos absurdos, lo que en muchos casos provoca que un operador prefiera colgar ilegalmente sus redes y esperar que, mucho después, vengan los procesos judiciales. Incluso un operador mexicano nos comentó que “resulta más económico remplazar las redes que eventualmente me pudieran ser decomisadas, que pagar el valor mensual del arriendo de los postes”.
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Comenzamos a trabajar en este artículo en el mes de noviembre, atendiendo la denuncia de uno de nuestros asiduos lectores, pero a medida que avanzamos en la recopilación de testimonios y profundizamos en los casos, descubrimos que los postes no solamente representan una barrera para el desarrollo del sector telecomunicaciones en la región, sino que son monumentos al subdesarrollo. Degradan la apariencia de nuestras ciudades, son un foco interminable de corrupción (tanto para los gobiernos como para los operadores) evidencian la falta de planeación, sirven para monopolizar los mercados y terminan convirtiéndose en un lastre que impide el desarrollo equitativo, justo y con belleza urbana que merecemos, al tiempo que representan un riesgo para la integridad física y la salud de los ciudadanos.
Es necesario que nuestros gobiernos investiguen y tomen en serio este tema tal y como lo han hecho muchos países desarrollados en el mundo. Los postes deben desaparecer y fortalecerse los sistemas de ductería subterránea, lo que embellecería nuestros paisajes, haría más seguras nuestras calles y permitiría el uso compartido de infraestructuras más adecuadas, seguras y eficientes. En síntesis, aportaría a un equilibrio ético y estético que nuestros pueblos necesitan y merecen.
Por:
GABRIEL E. LEVY B.
SERGIO A. URQUIJO M.
