Compañías como Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, entre otras, lograron entrar en América Latina amparadas en el principio de Neutralidad de Red para prestar sus servicios de video en demanda. El problema es que no desplegaron su propia infraestructura, es decir, no construyeron sus propias redes, sino que de manera parasitaria empezaron a prestar el servicio a través de internet, como si fuera un correo electrónico de texto o una red social, con la diferencia, que una película de Netflix en HD, ocupa 1.900 veces más datos que un correo electrónico de solo texto (Cifra promedio estimada por Alexa.com), por segundo se están transmitiendo 24 fotografías, más el audio, más la data, y dado que la mayoría de las películas dura entre 90 y 120 minutos, el consumo de datos es exorbitante y aunque los protocolos de compresión como h265 han logrado excelentes resultados, el peso de los datos sigue siendo enorme.
LA GÉNESIS DE UN CRECIMIENTO DESEQUILIBRADO
Como es de comprenderse los prestadores del servicio de internet vieron de un momento a otro, como se elevó significativamente el consumo de datos en sus redes, tanto los canales internacionales como las redes locales de distribución interna y el equipamiento necesario para soportarlo.
La lógica de todo mercado es que, a mayor consumo, mayor recaudo. Sin embargo, los usuarios de internet desde sus orígenes han estado acostumbrados a un único cobro mensual sin importar los datos consumidos (tarifa plana), por lo que sus proveedores vieron cómo se desbordó su infraestructura y capacidad, mientras el recaudo siguió siendo el mismo.
Es importante recordar, que la denominada Neutralidad de Red les impide a los proveedores de internet prohibir que algún servicio en la nube pueda ser restringido, es decir que, aunque Netflix utiliza parasitariamente su infraestructura y les compite de forma desleal en el negocio de los contenidos audiovisuales, no pueden impedir que esto ocurra.
Respecto al canal internacional, los CDN (Data Center), se convirtieron en paliativos que aliviaron la presión. Sin embargo, las redes locales se han seguido congestionando de manera exponencial y sostenida desde la entrada en servicio de estas plataformas, lo que ha significado monumentales inversiones en infraestructura para los proveedores de internet.
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¿SON LOS IMPUESTOS MEDIDAS SUFICIENTES PARA EQUILIBRAR EL MERCADO?
La carga impositiva es sin duda la cereza en el pastel que termina por desequilibrar completamente el terreno de juego entre las TELCOS y las OTT, pues como si fuera poca la desventajosa relación existente y amparados en la Neutralidad de Red, las OTT han evadido el pago de impuestos, mientras que las TELCOS, ISP y Cableoperadores deben asumir una fuerte obligación contributiva en toda América Latina.
No obstante, gravar con impuestos a las plataformas OTT en el conteniente americano, no ha sido tarea fácil, hasta ahora las experiencias se han presentado en estados localizados.
Los primeros casos ocurrieron en Estados Unidos, cuando el estado de Illinois decidió incorporar un impuesto a las OTT, luego fue en Brasil en el estado autónomo federal de Sao Paulo y su modelo sirvió de inspiración a otros como Argentina, en donde la provincia autónoma de Buenos Aires incorporó el mismo mecanismo. Por su parte, Colombia mediante una reforma tributaria reprodujo el mismo esquema, el cual opera a través del sistema bancario, pues los pagos a estas empresas ocurren mediante tarjetas de crédito, la mayoría de ellas expedidas en el mismo país.
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En el caso colombiano, aunque desde la pasada reforma tributaria implementada por el presidente Juan Manuel Santos, se estableció que las denominadas plataformas Over The Top deberían ser gravadas con el impuesto a las ventas (IVA), dicho procedimiento hasta ahora no se había reglamentado, causando sentido malestar por parte de diversos sectores de la economía ante las asimetrías existentes. No obstante, una declaración del ministro de hacienda: Mauricio Cárdenas, durante el congreso de Asofiduciarias, dejó claro que, a partir del mes de junio del presente año, se iniciará la implementación del recaudo del IVA que impactará a compañías OTT como Netflix, Uber, Airbnb, entre muchas otras que prestan sus servicios en Colombia y recaudan mediante sistemas de tarjeta de crédito.
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Gravar con impuestos a las OTT no solo es un asunto de mínima justicia y equidad, sino que ayuda a balancear el terreno y crea condiciones simétricas para los jugadores, pero claramente esto no es suficiente.
Se necesitan muchas más reformas de fondo, algo en lo que Brasil ha venido debatiendo insistentemente con propuestas novedosas que en su momento promovió el gobierno de Lula y que, aunque o no han podido cuajar en todo el territorio nacional y varios de ellos solo funcionan en algunos estados, han despejado un camino posible. Por su parte los europeos tienen claro y están incorporando en su nueva directiva que será votada en septiembre muchas acciones regulatorias; otros alrededor del mundo como Australia y Canadá han venido avanzando también en esta dirección.
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¿PERO CUÁLES SON LAS DEMÁS REFORMAS REGULATORIAS QUE SE REQUIEREN PARA NIVELAR LOS MERCADOS?
Tal vez lo más importante, es equilibrar las responsabilidades y cargas regulatorias, por lo que se vuelve necesario actualizar los marcos legales en toda la región para incorporar estas medidas. En Uruguay se dio un gran paso con la ley de servicios audiovisuales, que logró sortear muchos obstáculos, por su parte en Brasil no se logran consensos entre los diferentes sectores. En Argentina y México se hicieron reformas que aliviaron ligeramente la carga, pero que no intervinieron de manera profunda y responsable los cambios que se requieren.
En el caso de Colombia, tal y como lo informamos en el artículo anterior, se viene adelantando un proyecto de reforma al sector de televisión, mediante la ponencia 174 que busca crear un regulador único convergente, un proyecto que está cayendo en los mismos errores que se han cometido sistemáticamente en la región.
En primer lugar, estos intentos regulatorios no están incluyendo en la discusión a todos los sectores de la industria audiovisual, dejando por fuera radiodifusores, creadores de contenidos, canales de televisión privada y a la televisión pública. En segundo lugar, no incluyen el equilibrio de contraprestaciones para las OTT (Las OTT deben aportar a los fondos universales y específicos). Tercero, no incluye la definición de servicios audiovisuales y la subsecuente regulación con su articulado completo (Excepto Uruguay que lo hizo muy bien). Cuarto, no contemplan una ampliación y equiparación del régimen de calidad del servicio y derechos del consumidor que obligue a compañías como Netflix, Youtube, Hulu, Amazon, a mínimo abrir una oficina en el país, crear una línea de servicio al cliente, responder por la satisfacción del usuario (Tímidamente el estado de Sao Paulo en Brasil lo ha venido incorporando). Quinto, el regulador debe ser independiente en lo técnico, administrativo y patrimonial. Sexto, debe incluir una política de inclusión equivalente a la que tienen los canales nacionales, para el acceso de minorías y personas con algún tipo de discapacidad y, por último, no menos importante, definir cuotas de pantalla para las OTT, que proteja las industrias audiovisuales nacionales. (Un buen ejemplo es el modelo de Francia que ahora retomará la nueva directiva europea).
Adicional a lo anterior, no estaría de más incluir una política regulatoria para la instalación de sistemas de respaldo de datos (CDN) en los ISP que protejan el ancho de banda de los operadores y usuarios (Similar al acuerdo judicial alcanzado en Estados Unidos) lo cual podría ser muy conveniente.
Nadie ha dicho que la tarea se fácil, por el contrario, los desafíos para equilibrar el terreno son muy complejos, el cruce de intereses es evidente y el proceso regulatorio debe desarrollarse mediante una balanceada estructura que cobije a todos los actores, sin perjudicar a unos en beneficio de otros, garantizando un crecimiento sostenible y duradero del sector, en el marco de una sociedad de la información, en tiempos de convergencia.
Por:
Sergio Andrés Urquijo
Gabriel E. Levy B.
