La decisión de Conatel, el organismo estatal regulador de Venezuela, de retirar a los canales privados colombianos Caracol y RCN de las parrillas de programación de todos los operadores de cable del país, fue denunciada por las empresas implicadas y por organizaciones de libertad de prensa como un acto abierto de censura, que se suma a acciones anteriormente emprendidas contra canales como CNN en español; TN, de Argentina; Antena 3, de España y El Tiempo Televisión y NTN24, de Colombia.
Esto muestra que la censura directa o indirecta a los medios es una amenaza que pende sobre el continente, que aún teme el fantasma de un siglo XX caracterizado por las dictaduras. Pero antes de caer en el alarmismo político, deben tenerse en cuenta las muchas formas de censura que existen.
La mayor atención de los organismos internacionales, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —CIDH—, se los lleva el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, dada su persecución contra los medios que de una u otra forma se han mostrado críticos de su gobierno. Otros gobiernos, como los de Cuba, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y el pasado gobierno de Argentina, también han sido acusados de ejercer prácticas de censura. Algunas de estas acciones han sido menos invasivas que otras, pero en todos los casos se recurre al discurso de la necesidad de controlar focos de agitación o amenazas a la estabilidad nacional.
Los estándares internacionales de libertad de expresión dejan claro que cuando el poder ejecutivo decide intervenir los contenidos más allá de puntos ampliamente aceptados como la protección de los menores y la representación extrema de violencia y sexo, termina generando algún tipo de censura y, por consiguiente, amenazando la estabilidad del Estado de derecho, la confianza inversionista y el ejercicio periodístico libre e independiente.
Pero si bien la censura gubernamental es la más notoria en la región, existe otro tipo de atentado contra la libertad de prensa que puede ser aún perjudicial: la resultante de la concentración del poder económico y sus vínculos con el poder político.
Países comúnmente señalados ejemplos de libertad de prensa en América Latina, como Colombia, Chile y Brasil, tienen índices altísimos de concentración de medios. En algunos casos, como el chileno, unos cuantos conglomerados económicos controlan el 70% de los medios, incluyendo prácticamente todos los canales y publicaciones de gran circulación.
Esto no sería tan grave si no fuera porque las agendas informativas de dichos medios concentrados son claramente decididas por el poder económico y por tanto se caracterizan por su parcialidad, falta de contraste de fuentes y desatención casi total a los temas comunitarios y sociales que no convienen a los poderes centrales, como son los activismos sociales, nuevos modelos de desarrollo y el control político derivado del poder económico.
La falta de seguridad y la asfixia económica sobre los medios comunitarios en muchos de los países con democracias consideradas ‘fuertes’ se manifiesta también como una forma de evitar que las muchas voces de la sociedad se difundan, lo que garantiza el oligopolio y el control social por parte de unos cuantos grupos.
En agosto, un informe de la CIDH señaló que en Colombia se repiten las «agresiones, ataques, amenazas y presiones contra periodistas», y que «existe un 99.7% de impunidad en los homicidios a periodistas y un 100% de impunidad con relación a las amenazas».
El mismo fenómeno, aunque agravado, se presenta en México, Guatemala, El Salvador y Honduras. La CIDH considera que la desprotección de los comunicadores y medios por parte de los Estados es una forma de perjudicar la libertad de prensa.
La concentración y la censura indirecta tienen un ejemplo escandaloso en Guatemala, donde un solo empresario, Ángel González, es dueño de los cuatro canales emitidos en VHF, y es acusado por la CIDH de imponer una agenda informativa basada en desprestigiar a quienes buscan reformas políticas contra la corrupción y las graves violaciones a los derechos humanos que se presentan en el país.
Todo lo anterior se ve potenciado por la concentración que está ocurriendo en la industria del cable. Hace una década, en la región, la televisión por suscripción estaba en manos de miles de pequeños operadores, que con el paso de los años fueron desapareciendo engullidos por grandes conglomerados multinacionales. De paso, se apagaron miles de canales locales que representaban voces alternativas a las fuentes tradicionales de poder.
Por todo lo anterior, resulta prioritario que en América Latina todos los medios, principalmente los privados, promuevan la pluralidad y la democracia, con agendas informativas que busquen la imparcialidad, posiciones editoriales claramente señaladas como tales (y no camufladas como periodismo noticioso) y un apoyo real a las iniciativas comunitarias.
En este terreno son sumamente importantes (y por tanto tienen una gran responsabilidad social) los canales pequeños de proximidad, como los propios de las telcos comunitarias, que son las verdaderas vitrinas de las necesidad y expresiones de las comunidades y regiones.
Di se quiere apuntalar de verdad las libertades de prensa y de expresión, más allá de discursos politizados, es necesario que los gobiernos promuevan el crecimiento de los pequeños emprendimientos en el sector de la televisión por suscripción, ya sea apoyando a las amenazadas cooperativas de Paraguay, Guatemala, El Salvador, Bolivia y Costa Rica, a los pequeños operadores comunitarios en Colombia, o a los proyectos de telcos pymes en México, Brasil, Perú y Chile. Al mismo tiempo debe desestimularse los monopolios y duopolios y establecerse legislaciones claras donde el poder ejecutivo se abstenga de intervenir los contenidos.
Informes de la CIDH y la Unesco han demostrado que mientras más canales, oferta de contenidos, emprendimientos y sistemas de televisión existan en la región, mucho más equitativas, plurales y diversas serán las agendas informativas, y por consiguiente se fortalecerá la democracia.
Por:
Gabriel E. Levy B.
Sergio A. Urquijo M.
