Una orden ejecutiva, impulsada por la administración de Biden, marca un hito en la regulación de la IA, exigiendo transparencia y estableciendo directrices pioneras para etiquetar contenido generado por inteligencia artificial, en un esfuerzo por reforzar la seguridad y la autenticidad de la información.
¿Qué implicaciones tiene la nueva orden ejecutiva firmada por Biden?
Por: Gabriel E. Levy B.
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En una jugada audaz hacia la gobernanza de las tecnologías emergentes, la administración de Joe Biden en Estados Unidos ha marcado un hito en la regulación de la inteligencia artificial (AI).
Con una orden ejecutiva emitida el pasado 30 de octubre, se han establecido directrices sin precedentes que buscan imponer transparencia y control sobre los modelos de AI que proliferan a un ritmo vertiginoso en el tejido tecnológico global.
¿Qué es una orden Ejecutiva y que implica?
Una orden ejecutiva es un mandato emitido por el presidente de los Estados Unidos que gestiona operaciones del gobierno federal. No requiere aprobación del Congreso, lo que permite actuar con rapidez sin el proceso legislativo ordinario. Estas órdenes pueden tener un amplio rango de acciones, desde la reorganización de ramas administrativas hasta la directiva de políticas nacionales en diversas áreas como defensa, economía, o, en el caso actual, tecnología.
La implicación de una orden ejecutiva es significativa, ya que tiene la fuerza de ley una vez que se firma. Afecta a las agencias gubernamentales y tiene consecuencias directas sobre la administración pública y, a menudo, sobre el sector privado y el público en general. Sin embargo, su permanencia puede ser temporal, sujeta a la voluntad de administraciones futuras, y también están sujetas a revisión judicial, lo que significa que pueden ser anuladas si se consideran inconstitucionales o si exceden la autoridad ejecutiva. Las órdenes ejecutivas son un instrumento poderoso para el presidente para implementar cambios y políticas de manera unilateral.
¿Qué dice la nueva orden ejecutiva firmada por Biden?
La reciente orden ejecutiva firmada por Biden, más allá de ser una mera declaración de intenciones, exige a las empresas de AI una mayor claridad en sus operaciones. Se focaliza en la creación de etiquetas para los contenidos generados por AI, un paso que, según la Casa Blanca, mejorará la “seguridad y protección de la AI”. A primera vista, esta medida parece ser una respuesta directa a las crecientes inquietudes sobre la veracidad de la información y los riesgos asociados a las deepfakes y la desinformación.
La iniciativa de etiquetado, impulsada por el Departamento de Comercio, pretende que las agencias federales y las empresas privadas adopten herramientas de etiquetado y marcas de agua, estableciendo así un estándar de autenticidad en las comunicaciones gubernamentales y ejerciendo influencia en el sector privado y otros gobiernos. Este enfoque se alinea con el compromiso voluntario asumido en agosto por gigantes tecnológicos como Google y Open AI.
Sin embargo, la viabilidad de estas tecnologías sigue en discusión. Las marcas de agua digitales y las herramientas de detección de AI aún están en desarrollo, y la eficacia de las mismas para textos o contenidos generados por máquinas es, por el momento, cuestionable. Además, la orden ejecutiva no establece un mandato firme que obligue a la industria o a entidades públicas a implementar estas tecnologías.
En un entorno donde la legislación del Congreso parece estancada debido a la polarización política, esta orden ejecutiva se presenta como un avance significativo, aunque su permanencia y aplicación efectiva dependen de la voluntad política de las administraciones futuras. A pesar de ello, la iniciativa ha sido bien recibida por expertos en AI y por el sector tecnológico, que ven en ella un paso hacia una mayor gobernabilidad de la AI.
Enfoque en la seguridad
La orden también incluye medidas de seguridad nacional, invocando la Ley de Producción de Defensa para exigir que las pruebas de seguridad de los nuevos modelos de AI sean compartidas con el gobierno si estos representan un riesgo potencial para la seguridad nacional.
En términos de aplicación, la orden insta al Instituto Nacional de Normas y Tecnología a establecer estándares para pruebas exhaustivas, pero no obliga a las empresas a seguirlos. Aquí radica una crítica central: la falta de un mandato claro que requiera la adherencia a estas normas.
La respuesta al decreto ha sido mixta. Por un lado, grandes empresas tecnológicas lo han recibido con entusiasmo, viéndolo como un impulso a la innovación y a las prácticas responsables de la IA. Por otro lado, algunos investigadores advierten que la orden ejecutiva no aborda suficientemente la prevención de daños previsibles y se enfoca más en reaccionar a los problemas a medida que surgen.
Más allá de sus fronteras, la decisión de Estados Unidos puede tener un efecto dominó internacional, influyendo en la cumbre de seguridad de la AI en el Reino Unido y en las políticas de la Unión Europea. Aunque no exenta de limitaciones y desafíos, la orden ejecutiva representa, según algunos expertos, lo mejor que se podía esperar del gobierno estadounidense en el contexto actual.
La regulación de la AI en Estados Unidos, por lo tanto, no solo es una cuestión de política interna, sino que se posiciona como un faro regulador en la arena internacional.
Estados Unidos toma la delantera regulatoria
Con la reciente orden ejecutiva sobre inteligencia artificial, Estados Unidos ha irrumpido con fuerza en el terreno de la regulación tecnológica, un espacio donde la Unión Europea parecía liderar hasta el momento. La UE ha sido pionera en el establecimiento de marcos normativos para la IA, pero la acción decidida de la administración Biden señala un cambio de juego. Mientras la UE continúa debatiendo y perfeccionando su legislación sobre IA, EE. UU. ha implementado rápidamente políticas que podrían definir estándares globales y prácticas de gobernanza tecnológica. Esta maniobra estratégica no solo coloca a EE. UU. en una posición de liderazgo, sino que también podría influenciar las políticas regulatorias internacionales, incluyendo las de la Unión Europea, potencialmente alineando los enfoques transatlánticos en materia de regulación de la IA y marcando la pauta en futuras negociaciones y acuerdos globales.
En Conclusión, La administración de Biden ha delineado un camino audaz y progresista con su orden ejecutiva sobre IA, tomando la batuta en la regulación de una tecnología que redefine nuestras vidas. Estados Unidos se proyecta ahora como líder regulatorio, potencialmente influenciando marcos internacionales y propulsando una era de cooperación y estándares comunes. Esta movida resalta la necesidad de una acción rápida y reflexiva en la gobernanza tecnológica, enfatizando la seguridad, la transparencia y la autenticidad en un mundo cada vez más digitalizado. Con esta orden, EE. UU. no solo regula, sino que también anticipa el futuro de la inteligencia artificial.
