Por:
Gabriel E. Levy B.
Sergio A. Urquijo M.
En un artículo anterior analizábamos la conveniencia de lo esquemas de tasa cero, cada vez más popularizados en los mercados globales y especialmente el de Latinoamérica, en donde cada día crece este tipo de ofertas ya sea por los operadores móviles, fijos o incluso empaquetados.
La tasa cero hace referencia a la oferta de ciertos contenidos gratuitos que proporcionan los operadores de telecomunicaciones cuando un cliente contrata el servicio; por ejemplo, quien compra un plan pospago con una compañía celular y recibe WhatsaApp o Facebook gratis, o quien se suscribe a un servicio de televisión por suscripción y recibe Claro Video de forma gratuita. En pocas palabras, es cuando un cliente no tiene que pagar dinero por algún tipo de servicio derivado de Internet en su plan de telefonía.
El análisis de nuestro blog de Andinalink lo hicimos desde el punto de vista del mercado y la libre competencia. Concluíamos que estos esquemas pueden ser un buen instrumento para la inclusión de sectores de población, pero que tiene que ser una medida provisoria, pues privilegia a ciertos proveedores, perjudicando así la neutralidad de la red.
Pero en las últimas semanas una nueva discusión ha surgido sobre el tema. Se refiere a las consecuencias que estos esquemas pueden tener para la libertad de expresión. El motivo central, mencionado también en el anterior artículo, es que la priorización de ciertas empresas no solo significa una ventaja competitiva sobre otras, sino que finalmente impone al usuario servicios más posicionados, catalogados como hegemónicos.
El tema tiene muchos matices. Como bien lo menciona el informe Neutralidad de la red en América Latina, de los colectivos brasileños Intervozes y Derechos Digitales, los esquemas tasa cero son diversos y complejos. Los mercados más maduros implementan esquemas tasa cero que ofrecen exención de pago por datos para cierto tipo de servicio, por ejemplo, redes sociales o streaming de video, pero sin discriminar quién lo provee.
El otro modelo, muy común, del esquema sí ofrece exención para un servicio exclusivo, como los planes telefónicos que solo liberan WhatsApp o la estrategia de Facebook de otorgar Internet gratis con sus Telcos aliadas, pero solo para acceder a los servicios web determinados por la compañía estadounidense.
Organizaciones de defensa de la libertad de expresión, como Observacom, han planteado que estos últimos modelos de negocios sí perjudican la neutralidad de la red y, por lo tanto, la libertad de expresión.
Si bien incluso el mercado abierto da gabelas a los mayores competidores, en lo que suele expresarse como “el ganador se lleva todo”, opacar la posibilidad misma de las pequeñas compañías web de figurar y ofrecer sus servicios ya es considerado por muchos como contrario a la libertad de expresión. Para los analistas mencionados, este modelo debe ser vigilado, por cuanto impide que información de los grupos y empresas menos poderosos lleguen al usuario, y especialmente a los usuarios de menos recursos económicos, que son los “beneficiarios” usuales de los esquemas tasa cero.
Sin embargo, el desafío va mucho más allá, y termina impactando sistemáticamente el mercado y la libre competencia, incluyendo la televisión por cable y los ISP en América Latina, a través del empaquetamiento subsidiado de OTT, otro tipo de práctica subsidiaria, que si bien formalmente es distinta a la de la Tasa Cero, pues no se trata de acceso móvil privilegiado a internet de un determinado servicio, pues en el cable latinoamericano aún existe la tarifa plana e ilimitada de acceso, si termina afectando de igual manera la libre competencia entre proveedores. A manera de ejemplo, un servicio OTT como Claro Video, que normalmente tiene un costo para cualquier cliente externo, se otorga de forma completamente gratuita para los clientes del paquete de Claro Hogar (Televisión + Internet + Telefonía). Esto le da ventaja competitiva para el grupo Telmex, lo que termina causando una asimetría de mercado, ya que los clientes de esta compañía terminan recibiendo un tipo de subsidio.
Caso similar que ocurre con Tigo, marca que, en América Latina, ha comenzado a ofrecer meses gratis del servicio de Netflix, lo que pone en clara desventaja al pequeño operador que no puede competir con este tipo de subsidios disfrazados. Con el tiempo, estas dinámicas aumentan la concentración de medios regionales, ampliamente denunciada por académicos y expertos como Martín Becerra y Guillermo Mastrini, quienes justamente acaban de publicar un estudio al respecto.
El desafío, más allá de actualizar y especificar las regulaciones estatales, es promover entre las mismas compañías de telecomunicaciones una cultura —por ahora inexistente o poco arraigada— de la libertad de expresión y de reglas de juego claras en el mercado, que no promuevan subsidios ocultos ni beneficios disfrazados.
Una cultura organizacional más responsable permitirá desarrollar planes para que la libertad de mercado no sea contraria al fomento de la diversidad, el pluralismo y el equilibrio del mercado. América Latina requiere urgentemente nivelar la cancha; los gobiernos deben proteger a los pequeños y mediados operadores, amenazados ante su poca capacidad de acceder a privilegios y beneficios de mercado propios de los grandes operadores.
Es claro que para un sistema rural pequeño de cualquier país de Latinoamérica, es casi imposible alcanzar un acuerdo con Facebook, Google, Netflix o Amazon, y mucho más complejo desarrollar sus propias plataformas tecnológicas para ofrecer servicios que puedan competir con las grandes OTT.
La región aún está a tiempo de evitar una mayor monopolización de sus mercados. Las posiciones dominantes terminan siempre perjudicando a los usuarios y atentando contra la pluralidad, diversidad y libertad de expresión, pilares fundamentales de nuestras democracias.
