La categoría de “Servicio Público” es un potente instrumento jurídico que ha garantizado la protección de los usuarios y la eficaz provisión de servicios esenciales, incluyendo el transporte, el agua, la energía el gas y la telefonía, entre otros.
La consolidación de una sociedad digital exige una profunda revisión de este concepto, al tiempo que amerita una actualización del mismo, en virtud de los profundos cambios que han sufrido las dinámicas sociales en los últimos años.
¿Deben ser categorizados los servicios digitales como servicios públicos?
Por: Gabriel Levy B.
www.galevy.com
Los servicios públicos son el conjunto de bienes y actividades, por lo general de tipo esencial o básico, que, a través de la administración directa, la concesión o la vigilancia del estado, garantizan a la población la provisión permanente de un recurso esencial para la vida social, garantizando y protegiendo la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos[1].
Los Servicios Públicos suelen estar protegidos por el Estado y son considerados un bien de interés nacional, incluso cuando se otorga concesiones a empresas privadas para que administren dicho servicio. En algunas constituciones, incluso, se los declara propiedad inalienable del Estado.
Históricamente los servicios públicos esencial que protegen las naciones son: La Electricidad, el Agua, El Gas y El Transporte, de tal forma que el estado garantiza que los ciudadanos tengan el acceso garantizado con la menor cantidad de interrupciones posibles y con la misma calidad constante en la prestación de estos.
En muchos casos los Servicios Públicos gozan de subsidios a cargo del tesoro nacional y generalmente poseen unos indicadores muy altos de disponibilidad y acceso para los ciudadanos.
El concepto de “Servicio Público”, necesariamente refiere una actividad en la que se aplica el régimen de derecho Público, es decir, que goza siempre de una protección especial, tanto de la administración en relación con los titulares de la gestión, como del servicio frente a terceros. En efecto, aun cuando la prestación de una actividad sea otorgada en concesión, la administración conserva unos poderes internos de dirección, modelización y control sobre las formas y medios de llevar a cabo la prestación.
Este tipo de servicios juegan un rol importante en los esquemas de las economías modernas, es decir, que controlan el libre mercado mediante reglas de juego que tiendan a proteger al más desfavorecido, como ocurre en las economías sociales o en los Estados de bienestar. De hecho, el acceso a los servicios públicos es uno de los múltiples factores tomados en cuenta a la hora de medir los índices de desarrollo humano (IDH) [2].
Internet como Servicio Público
En 2016 una declaración conjunta de Naciones Unidas conceptuó que NEGAR EL ACCESO A INTERNET supone una violación a los derechos humanos, afirmando que este acceso supone un derecho fundamental de todo ser humano, al tiempo que aboga por aumentar el acceso a y la masificación de esta red, ya que “facilita vastas oportunidades para una educación asequible e inclusiva a nivel mundial”, o proporciona otros recursos para la educación, especialmente a través de la brecha digital[3].
Gracias a esta declaración muchas naciones han elevado el servicio de Internet, a la categoría de Servicio Público, tal es el caso de Holanda, Francia, Corea del Sur, Finlandia o Suecia, y en América Latina, Argentina, Costa Rica, México y Colombia lo han declarado también bajo esta categoría.
Dependiendo de los marcos normativos de cada uno de estos países, existen diversos matices sobre el alcance de esta clasificación, sin embargo, la mayoría de ellos tienen en común que propenden por una alta disponibilidad del servicio, una tarifa regulada y en algunos casos algún tipo de subsidio para los más pobres y un régimen estricto de sanciones por cualquier tipo de discriminación en el acceso.
La tendencia normativa de muchos países y la declaración firmada por la ONU, ponen en evidencia que muy seguramente en los próximos años la gran mayoría de naciones optará por declarar como un “Servicio Público” a Internet, es decir dejará de ser una proclamación de unos cuantos países y pasará a ser una tendencia global.
Servicios Digitales como Servicio Público
Pero la declaratoria de “Servicio Publico” para el acceso a Internet, no es el único debate que existe al respecto en el mundo, pues para diversos analistas, legisladores y académicos[4], debería profundizarse aún más en esta categorización[5].
El 4 de octubre de 2021 el mundo presenció en vivo y en directo, como todos los servicios de META: Facebook, incluyendo Instagram, y Whats App, se vieron interrumpidos de forma simultánea, perjudicando a millones de personas en el mundo, en lo que fue considerada una de las más significativas caídas de las comunicaciones digitales, presenciadas hasta ahora.
Este episodio, que no es aislado y que con menor intensidad ya había ocurrido en el pasado, puso en evidencia como la ausencia de un recurso que no existía hace apenas unos pocos años, como lo es Whats APP, alteró muchas dinámicas de la vida humana, como el estudio, el trabajo o las comunicaciones entre familiares y amigos, causando perjuicios económicos incuantificables y alterando las dinámicas sociales, culturales, políticas y económicas alrededor del mundo.
A partir de este episodio, comenzó a cuajarse un importante debate global respecto de si aplicaciones como Whats App, que se han convertido en fundamentales para la comunicación humana, por encima incluso del teléfono, deberían ser declaradas servicio público[6].
Si bien resulta bastante complejo elevar a esta categoría un servicio cuyo origen es transnacional y no depende de organizaciones del orden local o nacional que puedan ser controladas por los gobiernos, queda claro que el impacto en la vida de los ciudadanos es tan significativo, que se hace lógico propiciar un debate de esta naturaleza.
Si el teléfono fijo, el telégrafo o la televisión tuvieron en su momento de alto auge y consumo esta categoría, ¿no deberían acreditarlo también para servicios digitales de mensajería como Whats App, teniendo en cuenta que el número de usuarios es proporcionalmente mucho mayor?
Servicios de motores de búsqueda como Google, que en promedio concentra más del 90% de las búsquedas en Internet, o navegadores como Chrome que acaparan el 92%, de acuerdo con cifras del Observatorio Latinoamericano de Regulación: Observacom[7], debería ser catalogado también bajo esta categoría, protegiéndose de esta forma temas tan delicados como la privacidad de los usuarios.
En Conclusión, Si bien muchos de los servicios que recibieron la categoría de servicio público en el siglo pasado tienden al desuso como el telégrafo, muchos otros siguen estando tan vigentes como la electricidad o el gas, al tiempo que nuevos servicios como el acceso a Internet comienzan a ser clasificados bajo esta categoría para garantizarle a los ciudadanos el derecho a estar conectados, al tiempo que el debate sobe las aplicaciones digitales toma fuerza, siendo necesario preguntarse si servicios como LA MENSAJERÍA INSTATÁNEA o LOS NAVEGADORES WEBS o LOS MOTORES DE BÚSQUEDA, deberían ser clasificados mediante esta modalidad, teniendo en cuenta su alto impacto social, económico, político y cultural.
