¿Estamos perdiendo la soberanía Digital?

A raíz del escándalo global que ha suscitado la guerra comercial entre Estados Unidos y China, en la que Huawei y Google han sido los grandes protagonistas, las circunstancias nos indican que el nuevo campo de batalla ya no serán las trincheras sino Internet, algo que resultaba predecible en el contexto de una sociedad de la información globalizada.

Si bien por ahora la guerra pareciera involucrar solo a China, Estados Unidos y, en algunos temas, a Rusia y Europa, es inevitable que América Latina sea afectada por este conflicto. Esto hace necesario reflexionar sobre la soberanía digital de nuestros países.

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¿Existe la soberanía digital y por qué es relevante en el contexto actual?

En la medida en que los medios de comunicación masiva se implementaron en el mundo, los gobiernos comenzaron a regular estos servicios, dada su importancia estratégica y su capacidad de influir en las masas.

Solo como un ejemplo, recordemos que la propaganda nazi y la manera en que influyó a uno de los pueblos más cultos y avanzados para su época,  estuvo apalancada en el poder de penetración de los medios de comunicación masiva, especialmente la radio y televisión, lo que demostró que dichos medios debían ser regulados.

La mayoría de los países de occidente decidieron catalogar la televisión y la radio o como un Servicio Público o como un Servicio de Interés Público, lo que permitió crear muchos mecanismos de control y regulación a fin de proteger el interés general y la soberanía nacional.  Tanto así que en muchas naciones existen restricciones para los capitales extranjeros que invierten en los medios de comunicación nacionales.

Internet nació bajo un paraguas diferente, el de la Neutralidad de Red, un acuerdo implícito entre los agentes que hacen parte de Internet, con el que se promovía una valoración de las direcciones IP como iguales, sin permitir que los proveedores de servicios de telecomunicaciones puedan calificar, ni mucho menos sancionar o privilegiar, un servicio sobre otro. Este principio ha permitido que la red sea abierta, plural, democrática y participativa. No obstante, ha servido también para evitar la regulación por parte de los Estados, creando una notable asimetría respecto de los medios tradicionales y abriendo un factor de riesgo que, aunque ha sido advertido desde hace mucho, solo ahora se está poniendo en evidencia con los últimos acontecimientos.

Se encienden las alarmas a nivel global

Si bien la Soberanía Digital es un concepto incipiente, enmarcado en el concepto de soberanía tecnológica, son cada vez más los espacios y escenarios en los cuales se plantea esta dimensión que abarca un tema social, económico y político.

El presidente chino Xi Jinping ha mencionado en diversos discursos la soberanía digital, al tiempo que, desde 2015, anunciaba que convertiría a China en la mayor “cibersuperpotencia” o “potencia nacional en el ciberespacio” (wǎngluò qiángguó).

En igual sentido el presidente Emmanuel Macron, en un discurso sobre Inteligencia Artificial (IA) en el Collège de France, planteó la urgente necesidad de una “soberanía digital europea”, afirmando que dadas las coyunturas actuales este es un tema que no solo puede ser abordado por un país, sino por la comunidad de países en su conjunto.

Por su parte el presidente ruso Vladimir Putin, tal y como lo anunciamos en un artículo anterior, decidió lanzar un controversial proyecto denominado Programa Nacional de Economía Digital, el cual obliga a los proveedores de servicios de internet a disponer de los recursos necesarios para seguir operando nacionalmente en caso de ser desconectados de Internet sin importar la forma en que esto ocurra, invocando el concepto de soberanía nacional.

En Estados Unidos, durante el gobierno de Barack Obama algunos de sus discursos se enfocaron en la ciberseguridad y en algunos momentos hizo referencia al concepto de Soberanía Nacional, riesgo que se materializó con la supuesta intervención de hackers rusos para favorecer la pasada campaña de Trump. Este a su vez, en nombre de la soberanía nacional de los Estados Unidos y la prevalencia de sus intereses comerciales, ha lanzado la guerra comercial con China antes mencionada.

El caso de América Latina

Teniendo en cuenta que este tema se encuentra oculto en las agendas latinoamericanas, en la región existe una de las mayores concentraciones de corporaciones extranjeras en todo el sector de las telecomunicaciones y de todo el espectro digital. No solamente dependemos de tecnologías en dispositivos como Huawei, Apple o Samsung, sino que, como ocurre en otras regiones del mundo, más del 50% del tráfico que consumimos por Internet es canalizado por compañías de Estados Unidos como Google, Facebook y Netflix. Pero el mayor riesgo existe es en los proveedores de redes, en donde la concentración supera el 80% de los usuarios de telefonía móvil e Internet, en manos de Claro (América Móvil), Tigo (Millicom) y Telefónica, de acuerdo con las cifras oficiales aportadas por los organismos reguladores.

Desde una perspectiva realista es poco probable que México entre en guerra (comercial o militar) con Colombia y que los intereses del Grupo Slim afecten a la nación cafetera, o que Perú rompa relaciones con España y los intereses de Telefónica afecten a los peruanos, ya que ni Slim depende del gobierno de México, ni Telefónica le obedece al Rey de España ni mucho menos Millicom sobrepondrá los intereses de Suecia o Luxemburgo sobre sus negocios.

El riesgo con las grandes corporaciones no está en el origen geográfico, sino en los intereses corporativos de las mismas organizaciones. Como quedó indicado con el caso de Facebook y Cambridge Analytics, estos influyen en campañas políticas, cosa que también es obvia en la permanente presencia de Claro, Telefónica, DirecTV y Millicom en las agendas legislativas y las políticas ejecutivas en toda la región.

Los países de América Latina perdieron totalmente presencia en el terreno digital, por lo que la amenaza a la soberanía se puede identificar en tres grandes frentes: proveedores de tecnología, proveedores de red y proveedores de contenidos, los cuales dominan el 100% de nuestros mercados, tienen la capacidad de influir en las decisiones de los ciudadanos y, si en algún momento lo desean, pueden desconectarnos de Internet.

En conclusión, la soberanía digital ya hace parte de la agenda política y legislativa de las grandes potencias globales, que ante la falta de regulación de Internet y el poco control de las grandes corporaciones, han comenzado a tomar medidas frente a las amenazas que se derivan de la monopolización de los servicios, la dependencia de algunos proveedores de Internet y la falta de equilibrio en los mercados de tecnología.

En el caso de América Latina, urge que los gobiernos reaccionen ante el latente riesgo que implica perder la soberanía digital, sin fomentar nacionalismos, proteccionismos ni alarmismos, sí deben comenzar a regular las tecnologías, los medios y servicios digitales, buscando garantizar la estabilidad de nuestras economías y desarrollar normatividades consensuadas e intersectoriales, para proteger los derechos de los ciudadanos.