En un giro lleno de ironías, las telecomunicaciones de América Latina, dominadas por gigantes como América Móvil y Telefónica, claman por equidad ante el avasallador tráfico generado por las Big Tech.
Su petición, canalizada a través de la GSMA, busca redistribuir los costos de infraestructura digital en la era de la información.
Sin embargo, emerge una paradoja: estas mismas corporaciones, conocidas por sus prácticas de mercado dominantes y su histórica aversión a la regulación, ahora buscan la intervención estatal para nivelar el campo de juego contra titanes del contenido digital como Google y Netflix.
Un Panorama Desafiante en el mercado de las Comunicaciones
Por: Gabriel E. Levy B.
En la era de la información, la digitalización se ha convertido en el motor de transformaciones profundas en la sociedad, redefiniendo la manera en que nos comunicamos, trabajamos y nos entretenemos. Servicios de streaming como Netflix, plataformas digitales como Facebook y Amazon, y un sinfín de aplicaciones móviles dominan el panorama digital, generando un volumen de datos sin precedentes que viaja a través de las infraestructuras de telecomunicaciones globales.
Este fenómeno, aunque promete un futuro de conectividad universal y oportunidades ilimitadas, plantea desafíos significativos en cuanto a la capacidad y sostenibilidad de las redes que lo hacen posible.
Empresas líderes en telecomunicaciones en América Latina, como América Móvil, Digicel y Telefónica, enfrentan la presión de adaptar sus redes no solo para satisfacer la demanda actual de tráfico de datos, sino también para anticiparse al crecimiento futuro.
Esta tarea implica no solo el mantenimiento de la infraestructura existente sino, crucialmente, inversiones colosales en su expansión y modernización.
Para mantener el ritmo de digitalización y satisfacer las expectativas de conectividad de la sociedad, es necesario un despliegue masivo de tecnologías avanzadas como la 5G, la fibra óptica y otras soluciones de última milla.
Estas tecnologías requieren de inversiones multimillonarias que, hasta ahora, han recaído casi exclusivamente sobre los hombros de los operadores de telecomunicaciones.
Por otro lado, las Big Tech, cuyos servicios consumen una proporción significativa del ancho de banda global y son, de hecho, los principales generadores de tráfico en estas redes, contribuyen en una medida mucho menor al financiamiento de estas infraestructuras críticas.
Esta discrepancia crea un desequilibrio en el ecosistema digital, donde el coste de sostener y expandir la red recae en los operadores, mientras que las grandes tecnológicas se benefician de la capacidad y alcance de estas infraestructuras sin asumir una parte proporcional de los costes.
Esta situación plantea interrogantes fundamentales sobre la equidad y la sostenibilidad del modelo actual de digitalización.
¿Es justo que el peso financiero de soportar la creciente demanda de datos recaiga casi exclusivamente en los operadores de telecomunicaciones?
¿Cómo se puede asegurar que todos los actores del ecosistema digital contribuyan equitativamente al desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras que hacen posible este nuevo mundo conectado?
Estas preguntas son el corazón del debate sobre el Fair Share y resaltan la necesidad de un diálogo constructivo entre todos los involucrados para encontrar soluciones sostenibles que permitan continuar avanzando hacia un futuro digital inclusivo y equitativo.
La Balanza Inequitativa
La discusión sobre el Fair Share no es nueva, pero adquiere urgencia en un contexto donde la conectividad se vuelve tan fundamental como el agua o la electricidad.
La GSMA apunta a un desequilibrio que podría frenar el potencial de digitalización y conectividad de América Latina. Este llamado a una distribución más justa de las cargas financieras busca no solo asegurar el sostenimiento de la infraestructura existente, sino también propiciar su necesaria expansión para cerrar la brecha digital que aún afecta a millones en la región.
Demanda Justa pero Paradójica
La petición de las grandes compañías de telecomunicaciones para que las Big Tech contribuyan de manera justa al mantenimiento y expansión de la infraestructura digital, si bien es razonable y justa, se sumerge en una profunda paradoja al examinarla más detenidamente.
Estas telcos, que históricamente han abogado por una desregulación del sector y han disfrutado de posiciones de mercado dominantes, a menudo han sido criticadas por sus prácticas agresivas que han marginado o incluso eliminado a pequeños competidores gracias a su considerable músculo financiero.
Estas mismas entidades, que han defendido la libertad de mercado como un estandarte, ahora buscan el apoyo del estado para nivelar el campo de juego frente a los gigantes de contenido digital.
Resulta paradójico y, en cierta medida, conveniente, que, tras años de promover un entorno de libre competencia, en el cual han sido protagonistas indiscutibles gracias a sus estrategias de consolidación y expansión, ahora se vean en la necesidad de solicitar la intervención estatal para asegurar su participación equitativa en el ecosistema digital.
Esta situación revela la complejidad del mercado actual, donde las dinámicas de poder continúan evolucionando y donde incluso los gigantes pueden encontrar desafíos insuperables, obligándolos a replantear sus posiciones y a buscar alianzas inesperadas para asegurar su supervivencia y prosperidad en la era digital.
Un Futuro en Juego
Desde la perspectiva de la GSMA, entidad que agrupa y representa los intereses de operadores y empresas relacionadas con el sector de las telecomunicaciones a nivel global, se plantea una visión crítica sobre la actual distribución de responsabilidades y costos asociados al mantenimiento y desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones necesaria para sostener la creciente digitalización en América Latina. Esta organización advierte que, sin un acuerdo que equilibre las contribuciones entre todos los participantes del ecosistema digital, el futuro de la conectividad y el desarrollo tecnológico en la región se encuentran en una encrucijada crítica.
La GSMA aboga por un modelo de contribución «Fair Share», fundamentado en la idea de un mercado de dos lados, donde tanto los operadores de telecomunicaciones como las grandes plataformas tecnológicas (Big Tech) asuman un compromiso financiero proporcional a sus beneficios y uso de la red. Este enfoque busca no solo establecer una base más justa y equitativa para la financiación de la infraestructura necesaria, sino también fomentar una expansión significativa de los servicios de conectividad. La finalidad última es garantizar que áreas actualmente desatendidas o insuficientemente servidas puedan acceder a servicios digitales esenciales, promoviendo así el acceso universal a la información y contribuyendo al cierre de la brecha digital en la región.
Este llamamiento resalta los intereses de sus asociados, subrayando la importancia de una colaboración más estrecha y equitativa entre los gigantes tecnológicos y los operadores de redes. La GSMA considera esencial la implementación de políticas y marcos regulatorios que fomenten este tipo de cooperación, asegurando un desarrollo sostenible y equitativo del ecosistema digital en América Latina.
En conclusión, la solicitud de las grandes compañías de telecomunicaciones de América Latina, agrupadas bajo la GSMA, para que las Big Tech contribuyan de manera justa al financiamiento de la infraestructura necesaria para sostener el tráfico de datos creciente, plantea un dilema complejo.
Aunque su petición de un esquema de contribución equitativo, conocido como Fair Share, parece razonable ante el desbalance actual, también resalta una paradoja: estas mismas empresas, que han buscado desregulaciones y han establecido posiciones de mercado dominantes, ahora buscan el apoyo estatal para enfrentarse a los gigantes de contenido.
Este escenario invita a una reflexión profunda sobre equidad, sostenibilidad y la futura dirección del ecosistema digital.
