Acceso a Infraestructura: El Mayor dolor de Cabeza de las TELCOS

Durante la celebración de los 25 años de Andinalink se llevó a cabo una versión más del Foro Iberoamericano de la Convergencia y el Audiovisual ⎯FICA⎯ 2019, que arrojó reflexiones académicas relevantes y conclusiones de gran utilidad para construir una radiografía muy aterrizada de la realidad que enfrenta el sector audiovisual y de las telecomunicaciones. El diálogo de expertos, académicos y empresarios es esencial para generar ideas con miras a enfrentar esta nueva década cargada de incertidumbres.

Durante el foro se analizaron temas regulatorios, tecnológicos, de contenidos, comerciales y de mercado, pero sin duda el tema que más acaparó la atención de los asistentes y que evidenció ser el principal foco de preocupación de todo el sector de las telecomunicaciones fue el de acceso a la infraestructura, a propósito del panel “Postes, Monumentos al subdesarrollo”.

El panel abordó varios de los aspectos más críticos y preocupantes para el desarrollo de las telecomunicaciones en América Latina, muchos de ellos poco mencionados e incluso tratados como “tabú” por empresas, gobiernos y reguladores. En este espacio del Portal Andinalink queremos mencionarlos para fomentar el debate y buscar soluciones conjuntas.

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¿Por qué el acceso a la infraestructura se convirtió en un dolor de cabeza para todo el sector de las telecomunicaciones?

La infraestructura, sea pública o privada, es fundamental para la presentación de cualquier servicio de telecomunicaciones. El concepto infraestructura es definido como el grupo de elementos físicos y logísticos necesarios para la marcha de una organización o servicio.

Ya sea propia, prestada, arrendada, en comodato o por canje comercial, los operadores de servicios de telecomunicaciones requieren de una infraestructura conformada por cables, postes, antenas, ductos, tuberías, satélites, entre otros muchos elementos. Si estos no son suficientes o son de baja calidad, será difícil o imposible para la empresa prestar sus servicios y garantizar el acceso de sus usuarios a la información global.

Este conjunto de elementos muchas veces atraviesa, interfiere o se mezcla con los espacios públicos y privados de una comunidad. Por ello, y por la enorme importancia que las telecomunicaciones tienen para el funcionamiento mismo de los sistemas sociales, estos elementos deberían estar regulados por el Estado, con el fin de garantizar un acceso democrático, equilibrado y en igualdad de condiciones para todos los actores del mercado.

En Europa, Estados Unidos, Asia y otros países, la infraestructura de comunicaciones está fomentada y regulada con firmeza. El mejor ejemplo es la preparación de los estándares de las generaciones 4G y 5G de conectividad. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, una organización dependiente de la ONU y los gobiernos, en vez de dejar al arbitrio de un mercado imperfecto el establecimiento de las normas, convocó a todos los actores del sector a pensar cómo debía desarrollarse tanto la parte de servicios como la de infraestructura. El resultado fue un avance ordenado, estandarizado, que fomentaba la inversión y la innovación, pero garantizando el mayor rédito social y económico.

Otro ejemplo se da en las ciudades patrimoniales. Desde hace décadas, los gobiernos en países con gran cuidado de su patrimonio arquitectónico y urbanístico, como España, Italia y Francia, comenzaron a desmontar postes, cableado aéreo y antenas que afeaban los cascos históricos, enviándolas a ductos subterráneos. Con la medida, al inicio compleja, se logró revitalizar la impronta de las ciudades y darle un impulso extra al turismo. Lo mismo se ve en hermosas poblaciones de América Latina como Villa de Leyva, en Colombia, o Ouro Preto, en Brasil, y en las avenidas y alamedas de las grandes ciudades de la región.

Aunque estos cambios acarrean algunos problemas (como las fallas en las comunicaciones celulares en zonas donde no pueden instalarse antenas visibles) es claro que se protegió así el patrimonio, y que las soluciones están en la innovación y el desarrollo de tecnologías transmisoras más discretas.

Un delicado equilibrio

El manejo de los postes, cableado y antenas celulares siguen siendo un tema importante que debe ser atendido de manera conciliadora e intersectorial. No obstante, la realidad dista mucho en América Latina, algo que se hizo muy evidente durante el panel “Postes, Monumentos al Subdesarrollo”. Allí, los operadores de telecomunicaciones asistentes expresaron su preocupación por las múltiples dificultades existentes para acceder a los sistemas de postería, los monopolios asociados a los permisos de uso, las asimetrías en las tarifas, entre muchos otros factores que impiden una libre competencia y un uso democrático de los mismos, al tiempo que las autoridades presentes, especialmente la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia ⎯CRC⎯, hicieron hincapié en que se trata de un delicado equilibrio entre disponibilidad, acceso, estética urbana y condiciones de mercado.

La CRC, en boca del experto Comisionado Juan Manuel Wilches, explicó que existe una regulación en Colombia que fija topes en los costos del uso de la infraestructura de postería y que al mismo tiempo la regulación prevé mecanismos de conciliación entre las partes si no se logran acuerdos comerciales. Estas aclaraciones fueron de muy buen recibimiento por los operadores asistentes, aunque precisaron que es necesario una mayor socialización de esta regulación y una actualización conforme a las tendencias actuales.

Respecto al uso de redes compartidas, varios de los panelistas insistieron en este mecanismo como una solución para acceder al uso de la postería, viabilizando que varios operadores por ejemplo utilicen el mismo tendido de fibra óptica para prestar sus servicios, haciendo una administración justa y clara del acceso al recurso.

Antenas celulares base: el otro dolor de cabeza

Pero si bien el tema del uso de los postes pareciera ser complejo, el del uso del suelo de las antenas no se queda atrás, pues la falta de información objetiva por parte de las autoridades locales ha ocasionado que se tomen medidas extremas sin suficiente conocimiento y evidencia científica.

Mucho se ha hablado sobre la influencia de las antenas base de telefonía celular ⎯esas moles de metal que permiten la comunicación móvil⎯ sobre la salud humana. La IEEE y la Organización Mundial de la Salud han comisionado y realizado decenas de estudios sobre el tema. Sin embargo, las personas suelen estar más influidas por los mitos que circulan en redes y chismes que por la evidencia que estos estudios arrojan. Y, la evidencia dice que, si bien la exposición a los teléfonos celulares si puede tener efectos negativos en la salud, las antenas base poco logran influir en el organismo humano, y en muchos países de América Latina están firmemente reguladas con estándares internacionales para que sus radiaciones no afecten a los vecinos.

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No obstante, la presión social hace que estos mitos sean poderosos y afecten la forma como gobiernos, especialmente locales, aprovechen para entorpecer la expansión de la telefonía móvil y de paso lucrarse de ello, apoyados en legislaciones poco científicas.

Con estas premisas, los participantes en las actividades de Andinalink incluso comentaron como algunos alcaldes y secretarios en muchos municipios del continente han limitado la instalación de antenas en sus localidades aduciendo riesgos contra la salud, sin revisar primero las estrictas normativas que cobijan el sector. Hasta llegamos a escuchar que algunos funcionarios aprovechan el vacío de conocimiento para pedir sobornos con el fin de permitirles a las empresas pequeñas instalar las antenas.

El acceso equitativo a la infraestructura es un problema recurrente en toda la región, desde México hasta Argentina y generalmente los más perjudicados siempre terminan siendo los operadores más pequeños, que ante la falta de músculo político y financiero terminan pagando “los platos rotos” de un modelo inequitativo, tal y como lo evidenció durante el panel Marcelo De Ambrosio, Presiente de CAPPI (Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet). Por su parte el Ingeniero Orozco de la Junta Nacional de Televisión de la ANTV, insistió en que los postes deben ser reconocidos como instrumentos que promuevan la competencia y no factores de restricción en los mercados, dejando claro cuál debe ser el camino que deben tomar los gobernantes en la región.

En conclusión el acceso a la infraestructura en igual de condiciones para todos los agentes del mercado es un urgente desafío para la próxima década, en la que gobiernos, industria y sociedad civil deberán unir esfuerzos para democratizar el acceso, acabando con la monopolización, las posiciones dominantes, los abusos de tarifas, la sobre congestión de redes y sobre todo la corrupción, que en últimas y como ocurre siempre, termina perjudicando a los más pequeños y por consiguiente a los más desfavorecidos.